El Gobierno Nacional de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, decretó un histórico aumento del 23,7% al salario mínimo para 2026, fijándolo en 1.750.905 pesos, la cifra más alta registrada en la historia del país. Esta medida incluye un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que eleva el ingreso mínimo mensual total a alrededor de dos millones de pesos, y entrará en vigencia el próximo año en todo el territorio nacional mediante una decisión tomada en una sola vigencia por el Ejecutivo.
Se trata del mayor incremento decretado en una sola vigencia en la historia reciente de Colombia, en un contexto de finanzas públicas tensionadas y hogares con presiones económicas, donde cada punto porcentual de aumento genera un gasto público adicional de 400.000 millones de pesos. La decisión ha generado debate, especialmente por las advertencias de los gremios empresariales sobre el disparo en los costos fijos de las empresas, el impacto negativo en el empleo formal, la inflación, la informalidad, la competitividad y las tasas de interés.
Críticas del sector industrial
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, cuestionó duramente la medida, destacando sus posibles efectos adversos en la economía formal. Los gremios han enfatizado que este ajuste, tomado en medio de una reconocida reciente «emergencia económica» por parte del Ejecutivo, podría sobrecargar a las pymes, empresas medianas y formales, utilizando recursos públicos para fines que perciben como populistas.
“afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés con el fin de mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes, las empresas medianas y las empresas formales, constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia”
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi)
Esta determinación del Gobierno Nacional busca equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores en un escenario de desafíos económicos, pero enfrenta resistencias del sector productivo que advierte sobre un incremento adicional en el gasto público y sus repercusiones en la sostenibilidad fiscal y la generación de empleo en Colombia.
