El Gobierno Nacional de Colombia decretó el salario mínimo mensual legal vigente para 2026 en 1.750.905 pesos, acompañado de un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma un ingreso total de exactamente 2.000.000 pesos por trabajador. Esta medida, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026 en todo el territorio nacional, representa el mayor aumento nominal en más de dos décadas, con un incremento del 23 por ciento en el salario base respecto a los 1.423.500 pesos de 2025, un 24,55 por ciento en el auxilio de transporte y un 23,19 por ciento en el paquete conjunto. La decisión se tomó por decreto tras el desacuerdo en la mesa de concertación laboral entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, considerando una inflación proyectada del 3 por ciento, los retos fiscales del país y el aumento en el empleo formal.
Este ajuste impactará directamente a la mayoría de la fuerza laboral colombiana, que según datos del DANE de agosto de 2025 alcanza los 22,3 millones de personas, de las cuales el 45,7 por ciento gana menos de un salario mínimo y el 38,1 por ciento percibe hasta dos salarios mínimos. En términos de equivalencia al dólar estadounidense, con la tasa representativa del mercado del 30 de diciembre de 2025, el salario base equivaldría a 471,17 dólares y el ingreso total a 539,52 dólares, cifras que subrayan la relevancia del alza en un contexto de debates sobre empleo, costos empresariales e inflación futura.
Un hito histórico en los incrementos salariales
El aumento del 23 por ciento para 2026 se posiciona como el mayor desde 1991 y supera con creces los ajustes anuales post-2000, que oscilaron entre el 3 y el 8 por ciento. En 1989, el incremento histórico alcanzó el 27 por ciento, pasando de 25.637 a 32.560 pesos, en medio de una inflación superior al 28 por ciento, mientras que en 1980 el salario mínimo era apenas de 4.500 pesos. La evolución por gobiernos refleja esta tendencia acelerada en los últimos años: bajo Andrés Pastrana, de 203.826 pesos en 1998 a 309.000 en 2002; Álvaro Uribe, de 332.000 en 2003 a 515.000 en 2010; Juan Manuel Santos, de 535.600 en 2011 a 781.242 en 2018; Iván Duque, de 828.116 en 2019 a 1.000.000 en 2022; y Gustavo Petro, con 1.160.000 en 2023, 1.300.000 en 2024 y 1.423.500 en 2025. Los incrementos recientes han sido progresivos: 16 por ciento en 2023, 12,07 por ciento en 2024 y 9,54 por ciento en 2025, en un panorama de inflación estimada en 5,2 por ciento para 2024 y 13,12 por ciento en 2022, junto a una productividad que creció un 1,24 por ciento en 2023 tras una leve reducción en 2021.
La fijación por decreto abre discusiones sobre sus efectos en la generación de empleo formal, los costos para las empresas y la posible presión inflacionaria, aunque el Gobierno destaca su alineación con los desafíos económicos actuales para beneficiar a la base trabajadora más vulnerable del país.
