El Gobierno de Colombia, a través del Decreto 1469 de 2025, fijó un aumento del 23,7 por ciento al salario mínimo para 2026, elevándolo a dos millones de pesos, una medida que beneficia directamente a 2,4 millones de trabajadores en todo el país. Esta decisión se tomó ante la falta de concertación en la Comisión Permanente de Concertación Salarial, regulada por la Ley 278 de 1996, y ha generado controversia: Fenalco, liderada por su presidente Jaime Cabal, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, alegando que el decreto sustituye criterios legales por el concepto de «salario vital» de la Organización Internacional del Trabajo, no vinculante, mientras que sindicatos como la CUT, con Fabio Arias a la cabeza, la defienden vigorosamente, amparados en el artículo 53 de la Constitución Política que garantiza una remuneración mínima vital y móvil.
El Consejo de Estado admitió la demanda de Fenalco y solicitó conceptos a los ministerios de Hacienda y Trabajo, la Procuraduría General y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En respuesta, centrales obreras como la CGT y otras organizaciones sindicales han convocado movilizaciones para el 28 de enero de 2026 en los Palacios de Justicia de Bogotá y otras ciudades principales del país, con el fin de respaldar el decreto. Además, el abogado Germán Eduardo Castro retiró su demanda tras recibir amenazas, y el presidente Gustavo Petro ha defendido la medida como un paso hacia un salario digno y familiar.
Defensa sindical y reacciones empresariales
Fabio Arias, presidente de la CUT, enfatizó la legalidad de la norma al afirmar que, según la normativa vigente, si no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores en la comisión, corresponde al Gobierno nacional decretar el aumento del salario mínimo. Arias también sostuvo que existe plena legalidad y constitucionalidad en el decreto, respaldado por los principios de la OIT y la Carta Magna. Por su parte, el Grupo Éxito, bajo la presidencia de Carlos Calleja, reportó que no ha realizado despidos y se enfoca en generar oportunidades laborales, posicionándose como el mejor empleador del país y un impulsor clave de la empleabilidad.
«si no hay concertación entre empresarios y trabajadores, el Gobierno nacional debe decretar el aumento del salario mínimo»
Fabio Arias, presidente CUT
«sí hay legalidad y constitucionalidad en el decreto de salario mínimo»
Fabio Arias, presidente CUT
Esta polémica pone en el centro del debate nacional el equilibrio entre la protección de los derechos laborales y las preocupaciones del sector empresarial, en un contexto donde el salario mínimo para 2026 entrará en vigencia y podría marcar un precedente en la negociación salarial colombiana.
