Los gremios del sector salud en Colombia criticaron duramente al Gobierno del presidente Gustavo Petro por fijar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 en más de 101,3 billones de pesos, un monto que no contempla el reciente incremento del salario mínimo decretado el día anterior, pese a un aumento global del 12,94 por ciento. El anuncio lo realizó el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, mediante un comunicado oficial el 30 de diciembre de 2025, con el objetivo de equiparar la prima pura del régimen subsidiado al 95 por ciento de la contributiva, en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional. Voces como la de Ana María Vesga, presidenta de Acemi; Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), y la organización Pacientes Colombia, han calificado la medida como insuficiente y riesgosa para la sostenibilidad del sistema.
Este presupuesto representa un incremento de 11,6 billones de pesos respecto a los 89,8 billones asignados para 2025, con un alza del 16,49 por ciento en el régimen subsidiado y solo del 9,03 por ciento en el contributivo, lo que según los analistas gremiales equivale a un aumento real de entre 4 y 5 por ciento tras descontar la inflación proyectada para 2025. Además, persisten graves problemas como esperas de hasta 250 días para medicamentos, según la Fundación Retorno Vital, y un tiempo efectivo de tratamiento en 2024 de apenas 4,7 meses, lo que evidencia brechas territoriales en la capacidad instalada y una reducción en la oferta de servicios.
Críticas por el desfase con el salario mínimo y demandas de ajuste
El Ministerio de Salud busca cumplir así con la Sentencia T-760 de 2008, el Auto 411 de 2016 y los autos 007 y 2049 de 2025 de la Corte Constitucional, aimed a reducir las brechas financieras entre regímenes. Sin embargo, los gremios destacan un rezago actuarial, deudas acumuladas entre aseguradoras y prestadoras de servicios (IPS), y un impacto directo en el acceso a la atención. Análisis sectoriales recomendaban un incremento mínimo del 17 por ciento para el régimen contributivo, mientras que Pacientes Colombia tilda el ajuste como un “atentado contra la vida” que acelera el colapso del sistema, afectando los recursos reconocidos a las EPS.
“Este aumento del 9% es, en realidad, un aumento real del 4 o 5% sobre la base de la inflación para el año 2025. Hay que decir también que estos cálculos, que se hicieron para plantear la necesidad de UPC para el 2026, no contenían el incremento del salario mínimo decretado el día de ayer por el Gobierno nacional”
Ana María Vesga, presidenta de Acemi
“Existe un desfase significativo entre el aumento del salario mínimo y el ajuste aprobado para la UPC, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector prestador de servicios de salud”
Juan Carlos Giraldo, director de Achc
En la misma línea, Giraldo instó al Gobierno a reconsiderar la cifra del régimen contributivo y a emitir circulares que obliguen a trasladar el incremento a contratos y tarifas con las IPS, para equilibrar las variables y mejorar los ingresos de un sector prestador que arrastra dificultades financieras crónicas. Estas críticas subrayan la urgencia de ajustes que garanticen no solo la viabilidad económica, sino también un acceso oportuno y equitativo a los servicios de salud en todo el país.
