El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, fijará por decreto el aumento del salario mínimo para 2026, previsto para el 29 o 30 de diciembre de 2025, tras el fracaso de la mesa de concertación entre sindicatos, que proponían un 16 por ciento, y gremios empresariales, que ofrecían un 7,21 por ciento. Esta decisión se toma en medio de fuertes críticas por interferencias políticas, con la participación de funcionarios como el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en un proceso marcado por la polarización y la ausencia de figuras clave como Jaime Cabal, presidente de Fenalco.
El salario mínimo actual, vigente desde 2025 con un valor de 1.423.500 pesos tras un aumento del 9,54 por ciento, se ajustará ahora de manera unilateral debido a la falta de consenso, en un contexto económico donde la inflación anual alcanza el 5,51 por ciento según el Dane, el desempleo se sitúa en el 8,2 por ciento y unos 2,2 millones de trabajadores dependen de este ingreso mínimo. Además, se registra una reducción del 17 por ciento en cotizantes al salario mínimo y una informalidad laboral del 58 por ciento, que ha pasado del 60 por ciento recibido hace cuatro años al 55 por ciento entregado inicialmente, para estabilizarse ahora en el 58 por ciento.
Críticas por interferencia política y falta de diálogo tripartito
Ángel Custodio Cabrera, exministro del Trabajo, ha sido uno de los voces más críticas, señalando que por primera vez se sintió una interferencia notable en las negociaciones normales, describiendo el proceso como un poquito raro. Cabrera advirtió que el aumento podría afectar la economía dependiendo del porcentaje final elegido por el Gobierno y del manejo macroeconómico en los próximos seis o siete meses, prediciendo un rango razonable del 10 al 11 por ciento, equivalente a más de 160.000 pesos adicionales. Invocó además las normas de la OIT sobre diálogo tripartito, enfatizando que no se trata de imponer un criterio de un solo lado.
«por primera vez uno siente que hubo mucha interferencia dentro de las negociaciones normales»
Ángel Custodio Cabrera, exministro del Trabajo
Este fracaso marca una coyuntura crítica, considerando que el salario mínimo es definido como salario móvil vital por la OIT, y su ajuste impactará directamente en pensiones mínimas de Colpensiones, peajes, costos de salud y podría impulsar la inflación, además de agravar la informalidad. Propuestas en la mesa llegaron hasta los 1.800.000 pesos e incluso los 3.000.000, con efectos en las pymes donde un aumento del 10 por ciento implicaría 140.000 pesos adicionales por empleado, y del 15 al 20 por ciento elevaría el salario a 1.800.000 pesos. Todo ello se complica con recargos nocturnos del 35 por ciento, dominicales y la jornada laboral de 42 horas establecida por la Ley 2101 de 2021, en vísperas de las elecciones de 2026 que habrían influido en esta inédita intromisión política.
«La OIT dice ‘diálogo tripartito’. No es imponer un criterio de un solo lado»
Ángel Custodio Cabrera, exministro del Trabajo
El decreto gubernamental cierra así un capítulo de tensiones que podría repercutir en la estabilidad laboral del país, dejando en el aire cómo equilibrar las demandas de los 2,2 millones de trabajadores afectados con la sostenibilidad de las empresas en un panorama de alta informalidad y desempleo persistente.
