El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, se apresta a fijar por decreto el aumento del salario mínimo para 2026, tras el fracaso de la mesa de concertación entre sindicatos, gremios empresariales y el Ejecutivo. La decisión, que se espera se materialice el 29 o 30 de diciembre de 2025, responde al estancamiento de las negociaciones marcado por posiciones divergentes, con los sindicatos proponiendo un 16% de incremento y los gremios empresariales defendiendo un 7,21%. Figuras como el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, han estado involucradas, aunque este último ausente en la mesa, en un proceso criticado por interferencias políticas del ministro del Interior, Armando Benedetti, y otros funcionarios.
El salario mínimo actual, vigente desde 2025 con un valor de 1.423.500 pesos y un aumento del 9,54%, contrasta con un contexto económico donde la inflación anual se sitúa en 5,51% según el Dane, el desempleo en 8,2% y una informalidad laboral del 58%. Alrededor de 2,2 millones de trabajadores perciben este salario mínimo, mientras que los cotizantes en esta categoría han visto una reducción del 17%. Propuestas alternativas han oscilado entre 1.800.000 pesos y hasta 3.000.000, pero el gobierno apunta a dos dígitos, según predicciones del exministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien estima un rango del 10 al 11%, equivalente a más de 160.000 pesos adicionales.
Interferencias políticas marcan el fracaso de la concertación
Ángel Custodio Cabrera, exministro del Trabajo, ha sido uno de los voces más críticas ante lo que describe como la primera negociación con tanta interferencia política en la historia reciente. La ausencia de figuras clave como Jaime Cabal de Fenalco y la intervención de externos, como el ministro Armando Benedetti dando cifras y opiniones, habrían torcido el diálogo tripartito recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que define el salario mínimo como un ingreso móvil para un nivel de vida digno. Este estancamiento llega en un momento donde la informalidad se mantiene alta, entregada en 55% hace cuatro años y ahora en 58%, con el desempleo bajando desde un pico del 25% en pandemia hasta el actual 11% recibido al inicio del gobierno.
«por primera vez uno siente que hubo mucha interferencia dentro de las negociaciones normales»
Ángel Custodio Cabrera, exministro del Trabajo
Las repercusiones del decreto impactarán pensiones mínimas en Colpensiones, peajes, sector salud, inflación y pequeñas y medianas empresas (pymes), además de recargos nocturnos al 35% y dominicales desde 2026, en línea con la jornada laboral reducida a 42 horas por la Ley 2101 de 2021. Cabrera advierte que el gobierno busca influir en las elecciones del próximo año con decisiones políticas, imponiendo un criterio unilateral en vez de concertar.
«un gobierno que quiere interferir en las elecciones del próximo año y, por lo tanto, sus decisiones o las decisiones que va a tomar en los próximos días apunta con ese tema político»
Ángel Custodio Cabrera, exministro del Trabajo
«Hubo otros funcionarios opinando, como el caso del ministro del Interior (Armando Benedetti) dando cifras, colocando elementos y demás. Entonces, en ese sentido, la negociación se puso un poquito rara»
Ángel Custodio Cabrera, exministro del Trabajo
En resumen, este decreto marca un precedente en las relaciones laborales colombianas, priorizando la imposición sobre el diálogo en un panorama de alta informalidad y desafíos económicos persistentes.
