El Gobierno colombiano se apresta a emitir el Decreto 0240 de marzo de 2026, una medida destinada a permitir que personas naturales y jurídicas regularicen bienes no reportados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o pasivos inexistentes mediante el pago de un impuesto especial equivalente al 19% sobre el valor total de esos activos omitidos. Esta iniciativa, aplicable exclusivamente al período fiscal de 2026, busca facilitar la inclusión de dinero, inversiones, propiedades ubicadas en Colombia o en el exterior, así como eliminar deudas ficticias declaradas para obtener deducciones indebidas, todo ello en el marco de una declaratoria de emergencia económica.
El proceso de regularización se realizará a través de un formulario independiente proporcionado por la DIAN, con plazos estrictos que incluyen solicitudes hasta el 30 de abril de 2026, litigios relacionados hasta el 30 de junio del mismo año y la declaración final hasta el 31 de julio de 2026. De esta manera, los contribuyentes podrán evitar sanciones superiores que suelen aplicarse en el régimen ordinario, priorizando el recaudo fiscal sobre acciones judiciales inmediatas, siempre y cuando acrediten el origen lícito de los fondos involucrados.
Beneficios y alcances de la medida
Esta disposición exime de sanciones a quienes cumplan con los plazos establecidos durante el año 2026, permitiendo un retorno al régimen tributario ordinario a partir de 2027 sin mayores complicaciones. El impuesto especial del 19% se calcula sobre el valor total de los activos omitidos o los pasivos inexistentes, incentivando la transparencia fiscal en un contexto de necesidades económicas urgentes para el país. La medida abarca tanto bienes nacionales como extranjeros, subrayando el compromiso del Gobierno por fortalecer las finanzas públicas sin generar cargas excesivas para los declarantes que opten por la regularización voluntaria.
En resumen, el Decreto 0240 representa una oportunidad única para miles de contribuyentes en Colombia que deseen corregir omisiones pasadas, contribuyendo al saneamiento de las cuentas públicas mientras se evitan procesos penales o multas exorbitantes, todo bajo la supervisión estricta de la DIAN durante este período transitorio de emergencia económica.
