El gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro y a través del Ministerio de Agricultura, anunció una serie de medidas de protección para el sector arrocero colombiano, destacando la imposición de un arancel del 30 por ciento a las importaciones de arroz y sus subproductos provenientes de Ecuador, junto con una restricción total al ingreso terrestre de estos productos. Este anuncio se produce tras mesas de diálogo con productores en distritos clave como Usocoello, Usosaldaña, Asorecio, Tesalia-Paicol, Asoprado, Usoalfonso, Asojuncal y Fedearroz, y convoca al Consejo Nacional del Arroz para esta semana, con el objetivo de responder a las medidas arancelarias unilaterales de Ecuador y salvaguardar la producción local y la soberanía alimentaria.
Las acciones incluyen ajustes en el régimen de precios para el arroz paddy verde y seco, con precios base y máximos para procesos como secado, trilla y almacenamiento, así como un precio mínimo para el grano partido descontado, manteniendo el régimen de libertad regulada. Además, se impulsa un proyecto de apoyo directo a pequeños y medianos productores, sujeto a la disponibilidad presupuestal y acuerdos verificables entre la industria y los gremios, mediante un decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abierto a comentarios públicos y un proyecto de resolución específica.
Contexto de las mesas de diálogo y respuesta comercial
Estas medidas surgen de mesas de diálogo previas destinadas a recoger inquietudes de los productores y estabilizar el mercado, en medio de oscilaciones de precios y la necesidad de garantizar la absorción de la cosecha local bajo condiciones justas. El impacto esperado es la estabilización de los ingresos de productores vulnerables, complementado con otras iniciativas como el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (Faia), instrumentos para el alivio de deudas y mecanismos de crédito como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).
De esta forma, el gobierno busca equilibrar la reciprocidad comercial con Ecuador mientras fortalece la cadena productiva nacional, asegurando que el arroz colombiano compita en igualdad de condiciones y protegiendo así el sustento de miles de familias en regiones arroceras del país.
