La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó recurso de impugnación contra el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado 24 de Familia de Bogotá, que ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes restituir en un plazo de 48 horas las 30 piezas retiradas del Museo Nacional de Bogotá por instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella. La decisión judicial, que inicialmente acogió las tutelas promovidas por el congresista del Pacto Histórico Gabriel Becerra y colectivos LGBTIQ+, exige que la devolución se realice bajo condiciones técnicas de conservación, y establece que cualquier retiro futuro deberá estar basado en justificaciones técnicas y no ideológicas.
El recurso presentado por la Agencia de Defensa Jurídica sostiene que las acciones de tutela debieron ser conocidas por el Consejo de Estado y no por la jurisdicción ordinaria que resolvió el caso, argumentando presuntas irregularidades en la presentación de los mecanismos judiciales. Mientras tanto, el Gobierno nacional defiende el retiro de las piezas, ocurrido el pasado 15 de octubre de 2026, que afectó las exposiciones permanentes «Hacer sociedad» y «Memoria y Nación», con contenidos relacionados con el conflicto armado, el Acuerdo de Paz, las luchas feministas y la participación de colectivos LGBTIQ+.
Choque entre el fallo judicial y la defensa del Gobierno
La controversia se enmarca en un contexto de fuertes cuestionamientos desde diversos sectores sociales y políticos, que consideran el retiro de las obras como un acto de censura contra la memoria histórica y el reconocimiento de minorías. El fallo de primera instancia, de carácter provisional, ordenó al Ministerio de las Culturas coordinar con el Museo Nacional la restitución inmediata, bajo el argumento de que las piezas fueron removidas sin justificación técnica suficiente. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por su parte, insiste en que la decisión del presidente De la Espriella se enmarca en la facultad del Ejecutivo para determinar los contenidos museográficos, y cuestiona la competencia del juzgado que conoció el caso.
La noticia se reporta como en desarrollo, sin que exista aún una resolución definitiva sobre la impugnación presentada. Mientras tanto, la comunidad museística y grupos defensores de derechos humanos siguen atentos al desenlace de este caso, que pone sobre la mesa el debate entre la autonomía gubernamental y la protección de bienes culturales con alto valor simbólico para la sociedad colombiana.
