El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció el lunes 12 de octubre de 2026, en una alocución presidencial, un proyecto de ley que restringe el uso de efectivo en transacciones de alto valor, como parte del Estatuto Antiterrorista que se tramitará en el Congreso de la República a través del Ministerio del Interior. La iniciativa, liderada por el ministro Rodrigo Lara, busca fortalecer las herramientas del Estado contra el terrorismo y sus fuentes de financiación, entre las que se cuentan el narcotráfico y la minería ilegal, además de combatir el lavado de activos.
El Estatuto Antiterrorista contempla el registro de organizaciones terroristas, el congelamiento de bienes, restricciones para contratar con el Estado y sanciones por ataques con drones contra civiles o fuerza pública. En ese marco, Colombia Fintech, el gremio que agrupa a las empresas de tecnología financiera, anunció que acompañará el trámite legislativo para impulsar disposiciones que extiendan los pagos digitales obligatorios a servicios cotidianos como peajes, taxis y transporte público. Su presidente, Gabriel Santos, señaló que respaldan los artículos orientados hacia la reducción del efectivo.
La apuesta por los pagos digitales
Según datos de Colombia Fintech, el uso de efectivo en Colombia se redujo del 79% al 63% en los últimos doce meses, gracias a la implementación del sistema de pagos inmediatos Bre-B. Sin embargo, más del 75% de los cobros en transporte público, peajes y taxis todavía se realiza solo con dinero físico. El gremio propone tomar como referencia las medidas aplicadas en México para restringir el efectivo en sectores con alta circulación, y plantea topes al efectivo para la compra de vehículos, inmuebles, lotes y activos de alta gama, canalizados por el sistema digital. También pide eliminar el recaudo físico en ventanillas de la Dian y de otras entidades públicas.
«Hemos visto cómo a través de Bre-B se ha reducido el uso del efectivo en un año, llevándolo del 79% al 63% en 12 meses»
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, respaldó la medida al señalar que las compraventas de apartamentos, vehículos y lotes deben contar con mecanismos para rastrear el origen de los recursos. Aunque aún no se han definido los montos específicos a partir de los cuales aplicaría la restricción, el gremio considera que sería un avance significativo en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
«Desde Colombia Fintech queremos respaldar los artículos orientados hacia la reducción del efectivo. La limitación del acceso de las economías ilícitas al uso del efectivo favorece la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo»
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech
El fundador de Touché Asesores S.A.S., Jeisson Ramírez, opinó que, aunque no se tiene certeza todavía de los montos a partir de los cuales aplicaría, sin duda sería un gran avance en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, que claramente tendrá que ir de la mano junto con otros controles que permitan detectar si el origen y destinación de los recursos corresponden a actividades lícitas o no. Ramírez añadió que los controles antilavado existentes, como Sagrilaft, Sarlaft y Siplaft, se fortalecen con esta iniciativa, pero no sustituyen una norma de mayor jerarquía y alcance general.
«Vamos a trabajar para que estos artículos, que le dificultan la vida a los criminales y le mejoran la vida a los colombianos, sobre todo a quien está en condiciones de vulnerabilidad, queden incluidos en esta ley»
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech
Un piloto del Programa Mundial de Alimentos mostró que el 91% de los beneficiarios prefirió recibir sus recursos en billetera digital, y el 31% mantuvo el dinero dentro de la aplicación, lo que evidencia el potencial de la inclusión financiera en sectores vulnerables. Colombia Fintech recalcó que una menor dependencia de billetes ampliaría la información disponible sobre las operaciones de los usuarios y facilitaría el acceso a productos financieros. La propuesta del gremio incluye extender los códigos y llaves de Bre-B al transporte público masivo, taxis y micronegocios, con incentivos para que los pequeños establecimientos no asuman sobrecostos. El proyecto de ley, que comenzará su trámite en el Congreso en las próximas semanas, se perfila como una de las herramientas más ambiciosas del gobierno de Espriella para cortar las finanzas de los grupos ilegales.
