En un operativo conjunto de la Fuerza Pública desarrollado el pasado 20 de diciembre en la región del Catatumbo, el Gobierno colombiano logró la incautación de una finca de más de 150 hectáreas ubicada en la vereda El Recreo, municipio de La Gloria, departamento del Cesar, sobre la Ruta del Sol. El predio está señalado como propiedad de Yamit Picón Rodríguez, alias Choncha, a quien las autoridades vinculan con lavado de activos y estrechos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el cartel de Sinaloa. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) aplicó una figura de enajenación temprana, con lo cual la propiedad fue ocupada y sus derechos de titularidad pasaron al Fondo de Reparación para su posterior adjudicación a campesinos de la zona.
Un patrimonio bajo la lupa judicial
Yamit Picón Rodríguez, señalado como líder de la estructura financiera del ELN en Norte de Santander y sur del Cesar, acumula un patrimonio atribuido de 1.662 millones de pesos. Extraditado a Estados Unidos en 2021, aceptó cargos de narcotráfico ante la justicia de ese país, aunque en noviembre de 2025 fue absuelto del delito de rebelión por un tribunal de Bucaramanga. A su regreso a Colombia enfrentó detenciones por concierto para delinquir agravado, lavado de activos, financiación de terrorismo y administración de recursos ilícitos. Su defensa, liderada por la abogada Yésica Troncoso Márquez y el abogado José Ricardo Pachón, sostiene que no se entregaron pruebas concluyentes y que la aceptación de cargos en Estados Unidos obedeció a una promesa de excarcelación que nunca se cumplió. Incluso, argumentan que las autoridades pudieron confundir a Picón con su hermano y que conversaciones sobre quesos fueron malinterpretadas como referencias a cocaína.
«La finca es nuestra porque la compramos; tenemos actas, promesa de compraventa y comprobantes del pago»
Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en declaraciones a El Tiempo
El director de la ANT, Juan Felipe Harman, también precisó: «Hoy los bienes siguen secuestrados por la justicia y yo desconozco la situación jurídica del señor». La intervención del predio fue registrada en imágenes divulgadas por el diario El Tiempo, donde se observan casquillos y un importante despliegue militar durante el aseguramiento del terreno. Mientras el proceso de extinción de dominio está en apelación, Picón anuncia una demanda contra el Estado por los daños ocasionados a su nombre y su patrimonio, insistiendo en que niega cualquier vínculo con el ELN y que se define como un campesino cuyo dinero proviene del transporte de materiales y alimentos, con un negocio debidamente registrado en Cámara de Comercio.
