En una jornada que marca el inicio formal del diálogo tripartito para definir la política laboral del país, el Ministerio del Trabajo instaló el pasado 13 de octubre la Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes, un espacio que reúne al Gobierno, a los representantes de las centrales sindicales y a los gremios empresariales. La sesión, presidida por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad Acero, se llevó a cabo en las instalaciones de la cartera y contó con la participación de los miembros de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, escenario que será clave para la discusión del aumento del salario mínimo para 2027.
Este encuentro no solo da apertura a las conversaciones formales sobre el ajuste salarial, sino que reactiva un mecanismo de concertación con respaldo constitucional y legal. La Comisión Permanente de Concertación se ampara en el artículo 56 de la Constitución Política, está regulada por la Ley 278 de 1996 e incorpora las consultas tripartitas del Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo. En ese marco, la Subcomisión sesionó para mantener la interlocución permanente sobre la legislación y las políticas laborales, antes incluso de que se conozca el dato oficial de productividad que publicará el Departamento Nacional de Planeación en noviembre, insumo técnico fundamental para calcular el incremento.
Escenarios de aumento para el salario mínimo 2027
El salario mínimo vigente en 2026 se ubica en 1.750.905 pesos mensuales, y sobre esa base ya comienzan a moverse las primeras proyecciones de los centros de análisis económico. El informe de JP Tactical Trading calcula un incremento cercano al 8%, resultado de sumar una inflación proyectada de aproximadamente 7% más un punto de productividad, lo que dejaría el salario básico en torno a los 1.890.977 pesos; con el auxilio de transporte, el ingreso total mensual ascendería a unos 2.160.000 pesos. Por su parte, el Banco Davivienda maneja un escenario de ajuste de 8,5%, que llevaría el salario básico a 1.899.732 pesos. La proyección más optimista proviene de BTG Pactual, cuyo director ejecutivo, Munir Jalil, estima un rango técnico de 7,5% a 8%, aunque no descarta una decisión presidencial que se aparte de esa recomendación técnica. Estas cifras contrastan con el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, que proyecta una inflación de 6% al cierre de 2026 y redujo la estimación de crecimiento de la economía colombiana de 2,3% a 2,2%.
«No me sorprendería que inclusive exista la posibilidad de todavía un incremento de dos dígitos, un 10%»
Munir Jalil, director ejecutivo de BTG Pactual
Esa posibilidad de un incremento de dos dígitos, que en términos prácticos dejaría el salario básico en aproximadamente 1.925.996 pesos, fue mencionada por Jalil al diferenciar su cálculo técnico de una eventual decisión política. El porcentaje definitivo, advirtió, dependerá de los resultados oficiales del DNP y de las negociaciones que se adelanten en la mesa de concertación. La propia viceministra Morad Acero subrayó al concluir la reunión la importancia de este espacio tripartito, en el que las diferencias entre los participantes hacen parte natural de las conversaciones.
«Las decisiones laborales deben debatirse entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores, y que ese espacio permite incorporar posiciones distintas antes de adoptar medidas con efectos sobre el empleo y la actividad empresarial»
Juliana Morad Acero, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección
El contexto económico que rodea esta negociación es complejo. El Banco de la República ha atribuido parte de la inflación de 2026, que resultó más alta de lo previsto, al aumento excesivo del salario mínimo aplicado en el periodo anterior. Los analistas advierten, además, que ajustes por encima de las variables técnicas podrían elevar los costos laborales, afectar la contratación formal y profundizar la informalidad, que actualmente supera el 54%. Pese a esas alertas, el aumento del salario mínimo beneficiará de forma directa a 2,4 millones de trabajadores, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, lo que le imprime una alta responsabilidad social a la decisión final. La viceministra insistió, en ese sentido, en que el ministerio permanece abierto al diálogo y que todas las decisiones de política laboral, no solo el salario mínimo, pasan por esta comisión y su subcomisión.
«Somos un ministerio abierto al diálogo social. Todas las decisiones de política laboral, no solo el salario mínimo, pasan por esta comisión y por esta subcomisión»
Juliana Morad Acero, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección
Con el inicio de estas sesiones, el Gobierno deja claro que la política salarial de 2027 se construirá en un escenario de concertación, aunque los distintos escenarios presentados por los analistas reflejan que no existe una cifra única antes de la negociación formal. La productividad laboral que publique el DNP en noviembre será el dato que oriente la discusión técnica, mientras las centrales sindicales y los gremios empresariales ya ocupan sus posiciones en la mesa. La viceministra Morad Acero agradeció la asistencia de todos los actores y recordó el compromiso de trabajar de manera rigurosa, profunda y escuchando a todas las partes del mundo del trabajo, en lo que calificó como una labor orientada a la construcción colectiva de las decisiones que impactarán a millones de colombianos.
