El Ministerio de Educación solicitó instalar un puesto de mando unificado nacional y coordinar con Defensa, Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para abordar hechos violentos en las universidades públicas y prevenir el paramilitarismo, tras incidentes reportados en la Universidad del Atlántico.
La medida, anunciada por el ministro de Educación, Daniel Rojas, implica activar mecanismos de inspección y vigilancia y contar con la intervención de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, además de utilizar todas las herramientas legales disponibles. Aunque la fecha exacta no se especificó en el material, la acción se aplica a las universidades públicas del país, tomando como caso de referencia la Universidad del Atlántico.
Entre las cifras oficiales, el mando unificado reúne a cuatro entidades: Defensa, Interior, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, y la Universidad citada es una, la Universidad del Atlántico. No se reportan montos ni fechas específicas asociadas a estas acciones.
Autonomía universitaria en la mira de la seguridad
El pronunciamiento se da en un contexto de antecedentes de violencia en universidades públicas y de denuncias de estudiantes y docentes sobre la presencia de actores externos en campus, así como agresiones durante asambleas y otras convocatorias. Por qué es noticia ahora: el anuncio oficial de intervención interinstitucional y la alerta sobre posibles prácticas de paramilitarismo. Con ello, se busca identificar a los responsables, garantizar la protección de la comunidad universitaria y evitar la repetición de estas conductas, sin perder de vista el respeto a la autonomía universitaria.
«El paramilitarismo en las universidades públicas ha sido parte de una lamentable historia que hace parte del pasado y no venimos acá a repetir o permitir la repetición, sino a cambiar», afirmó Rojas.
«Dimos instrucciones a la subdirección de inspección y vigilancia del ministerio de usar todas las herramientas legales que posee, para intervenir, con la fuerza que permita la ley, con el propósito de salva la integridad de estudiantes y profesores», precisó el ministro.
Con estas acciones, las autoridades buscan fortalecer mecanismos de inspección y vigilancia y coordinarse con Defensa, Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para proteger a la comunidad académica y asegurar un entorno seguro que permita el debate y la convivencia sin perder de vista la autonomía universitaria.
