Gobierno investiga a Starlink y cuatro operadores por señal en cárceles
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), anunció la apertura de actuaciones administrativas contra la empresa Starlink Colombia S.A.S. y cuatro operadores de telefonía móvil por el presunto incumplimiento de las obligaciones legales para restringir las señales de telecomunicaciones en centros penitenciarios del país. La medida fue revelada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien señaló que las investigaciones se formalizan tras operativos que evidenciaron la existencia de equipos de comunicación no autorizados en varias cárceles, incluyendo La Picota en Bogotá, Bellavista en Bello (Antioquia), Acacías en el Meta y Las Heliconias en Florencia, Caquetá.
Las actuaciones administrativas, que no constituyen una sanción definitiva, buscan verificar si las empresas investigadas implementaron las medidas necesarias para atenuar las señales en los establecimientos carcelarios, tal como lo exige el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, modificado por la Ley 1709 de 2014. El MinTIC activó estos procesos luego de que el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) detectara conexiones WiFi no autorizadas en cuatro penales. Durante un operativo en La Picota, las autoridades incautaron 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems y seis antenas de Starlink, equipos que eran utilizados por los internos para delinquir desde la prisión.
Gobierno endurece controles contra el crimen desde las cárceles
El presidente Abelardo de la Espriella fue contundente al referirse a la situación. «He dado instrucciones para que se utilicen todas las herramientas legales y tecnológicas necesarias para impedir que los criminales sigan delinquiendo desde los centros penitenciarios», afirmó el mandatario. En sus declaraciones, De la Espriella enfatizó que «el Estado de Derecho no puede permitir que los bandidos aprovechen las fallas de los operadores de telecomunicaciones y las debilidades institucionales para extorsionar y aterrorizar a los colombianos de bien desde la supuesta ‘comodidad’ de una cárcel». Además, sentenció que «las cárceles son para cumplir condenas, no para dirigir el crimen».
«Toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada, restringida»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Los operadores móviles investigados son Partners Telecom Colombia S.A.S., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. (Comcel) y Unión Temporal Colombia Móvil Colombia Telecomunicaciones (Tigo). A ellos se suma Starlink, la empresa de internet satelital, cuyas antenas fueron halladas en poder de los reclusos. El Gobierno también incluyó en el proceso de responsabilidades al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Ministerio de Justicia, como entidades encargadas de la vigilancia y control en los centros de reclusión. Las investigaciones administrativas determinarán las eventuales sanciones si se comprueba que las compañías no cumplieron con la obligación de atenuar las señales en los penales, una medida clave para evitar que desde las prisiones se sigan coordinando extorsiones y otros delitos. El hallazgo de las seis antenas Starlink en La Picota, junto con el resto del material decomisado, evidencia la sofisticación de las redes de comunicación ilegales que operan en las cárceles colombianas y que el Ejecutivo busca desmantelar de forma definitiva.