El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó el 8 de septiembre de 2026 un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego en Colombia, una decisión que sacudió el debate político y generó reacciones enfrentadas entre dirigentes de distintos sectores. Para el mandatario, la medida corrige una restricción que afectó a los ciudadanos cumplidores de la ley mientras los criminales se armaron ilegalmente.
La suspensión del porte de armas estuvo vigente al menos desde 2015 y 2016, cuando el Ministerio de Defensa reportó una reducción del trece por ciento en los homicidios tras la restricción nacional. Sin embargo, el gobierno considera que esa medida, pese a las cifras positivas, terminó limitando a quienes necesitaban protegerse. Durante ese período regía un sistema de salvoconductos que, en la práctica, se convertía en un doble permiso que obstaculizaba a los ciudadanos respetuosos de la ley. Con la nueva disposición, el Ejecutivo buscará implementar lo que denomina una verdadera política de registro y control sobre el porte legal de armas.
Defensores de la medida destacan el derecho a la defensa personal
El senador Carlos Fernando Motoa fue uno de los primeros en pronunciarse a favor de la iniciativa y explicó que el antiguo esquema era injusto con quienes cumplen la ley. En su concepto, la decisión permitirá corregir un error que venía perjudicando a los ciudadanos que contaban con salvoconducto y necesitaban herramientas de protección.
«Un doble permiso que impedía que los ciudadanos respetuosos de la Ley contaran con herramientas de protección aún teniendo salvoconducto. Con esta decisión Colombia avanza hacia una verdadera política de registro y control. Algo indispensable para contrarrestar el tráfico, posesión y porte ILEGAL en ciudades como Cali y dptos. como el Valle.»
Carlos Fernando Motoa, senador
La exsenadora María Fernanda Cabal fue contundente al afirmar que «el porte legal es el derecho a defender la vida y la familia». En la misma línea, el representante a la Cámara Daniel Briceño rechazó las críticas preventivas y aclaró que no se trata de una entrega indiscriminada de armas. «Antes que comiencen con las mentiras, lo que acaba de hacer el gobierno de Abelardo De La Espriella es levantar la prohibición generalizada que impedía a los ciudadanos iniciar el proceso de porte legal de armas. Eso significa que nuevamente los ciudadanos podrán aplicar al proceso que es estricto y que es establecido por ley. No habrá una entrega indiscriminada de armas a los ciudadanos», aseguró.
Críticos advierten que las armas multiplican la violencia
Del lado opositor, el exembajador Camilo Romero lanzó una dura advertencia: «Las armas no contienen la violencia: la multiplican. El decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia no traerá más seguridad, sino más riesgo, más violencia y más muerte. Colombia necesita un Estado que desarme a los criminales, no un gobierno que arme a la ciudadanía (sic)». En la misma dirección, la senadora Esmeralda Hernández anunció que demandará el decreto y recordó que las experiencias de Estados Unidos, Brasil, México y Guatemala demuestran que facilitar el acceso a armas no resuelve la inseguridad.
El senador Wally también se pronunció y reclamó, en lugar de ampliar el porte, una reforma penal centrada en la reincidencia, el cumplimiento efectivo de las penas y los castigos ejemplares. Como dato de contexto, el congresista citó que la tasa de homicidios con armas de fuego en Estados Unidos es veinticinco veces mayor que la de otros países ricos. La decisión de De la Espriella deja así un intenso debate sobre el equilibrio entre la defensa personal y el control estatal, con especial atención en el Valle del Cauca y su capital, Cali, donde el senador Motoa insiste en que debe reforzarse la lucha contra el porte ilegal.
