El Gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), emitió una circular que establece nuevos límites para la contratación de personal y la provisión de cargos en las entidades públicas, como parte de una política de austeridad fiscal. La medida, dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y responsables de las entidades destinatarias, busca que las vinculaciones respondan a necesidades verificables y cuenten con disponibilidad presupuestal, evitando gastos innecesarios en la administración pública.
La circular fija un tope para la provisión de cargos de libre nombramiento y remoción, que no podrá superar el 60% de los empleos previstos legalmente en cada planta global. Además, limita las nuevas contrataciones por prestación de servicios a un máximo del 25% sobre una línea base calculada con los contratos de las vigencias 2025 y 2026. La metodología para determinar esa línea base debe quedar documentada y ser verificable, con el fin de evitar que se generen bases artificialmente altas o duplicidades entre vigencias.
Medidas de austeridad y excepciones
La circular, que complementa el Decreto 618 de 2026 y la Ley 2155 de 2021, establece como criterio general de programación y austeridad que las entidades orienten la previsión de los empleos de libre nombramiento y remoción hasta un máximo equivalente al 60% de los cargos de esa naturaleza legalmente previstos y susceptibles de provisión. Sobre dicha línea base, la programación de nuevas contrataciones se orientará a un máximo del 25%, aplicando el criterio de manera que no genere una base artificialmente superior ni permita duplicidades entre vigencias, según señala el texto oficial de la circular.
No obstante, la normativa contempla excepciones para casos específicos como la prestación de servicios esenciales, labores de seguridad y protección, atención de emergencias, proyectos con destinación específica y cumplimiento de compromisos internacionales. Las entidades deberán, antes de contratar, evaluar la redistribución de cargas laborales, la movilidad interna y el aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos existentes, impulsando además la simplificación de procedimientos, la interoperabilidad y la automatización para reducir la necesidad de nuevas vinculaciones.
«Como criterio general de programación y austeridad las entidades destinatarias orientarán la previsión de los empleos de libre nombramiento y remoción de su planta global hasta un máximo equivalente al 60 % de los cargos de esa naturaleza legalmente previstos y susceptibles de provisión»
Texto de la circular del Dapre
Para garantizar el cumplimiento, los ministerios y departamentos administrativos deberán presentar reportes trimestrales que incluyan la estructura de personal, los contratos vigentes, los ahorros estimados y las medidas correctivas adoptadas. El Dapre hará seguimiento a las disposiciones, aunque advierte que esos reportes no reemplazan las evaluaciones semestrales del gasto ni otras obligaciones legales establecidas. Con esta circular, el Gobierno busca racionalizar el gasto público y asegurar que cada vinculación responda estrictamente a las necesidades operativas de las entidades.
