El Gobierno nacional confirmó que no suspenderá el proceso de Paz Urbana en Antioquia, pese a la fuerte polémica generada por la fiesta que se realizó el pasado 8 de abril en la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, donde el artista Nelson Velásquez amenizó un evento para presos vinculados a las negociaciones. El presidente Gustavo Petro celebró la decisión y defendió la continuidad de los diálogos, argumentando que han sido clave para reducir la violencia en Medellín y el Valle de Aburrá. A más de un mes de la denuncia, la Consejería Comisionada de Paz emitió un comunicado oficial en mayo de 2025 ratificando que la mesa de diálogos seguirá vigente, mientras que los principales detractores del proceso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, aún no se han pronunciado al respecto.
La denuncia fue presentada por la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, quien reveló que dentro del penal de Itagüí se organizó una fiesta con la participación de Nelson Velásquez, y que los asistentes eran cabecillas de grupos delincuenciales acogidos al proceso de paz. La situación generó indignación en distintos sectores políticos y sociales, que cuestionaron los beneficios y lujos que continúan recibiendo los criminales mientras se desarrollan las negociaciones. Sin embargo, para el Gobierno nacional, este episodio no justifica la suspensión de un proceso que, según sus cifras, ha dado resultados concretos en materia de seguridad.
Reducción histórica de homicidios
El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para respaldar el comunicado de la Consejería Comisionada de Paz y destacó que la tasa de homicidios en el Valle de Aburrá durante 2024 fue la más baja en 82 años: 10 casos por cada 100.000 habitantes. «Es el proceso de paz de bandas de Medellín lo que ha permitido bajar la tasa de homicidios de la ciudad a nivel mejor que el de Bogotá y la mayoría de capitales de Colombia», afirmó el mandatario. En el mismo mensaje, Petro señaló que las fronteras invisibles y otros indicadores de violencia también se han reducido de manera notable, y advirtió que los intentos de sabotear el proceso solo beneficiarían al narcotráfico y aumentarían la violencia.
«Algo que sería impensable hace unos años. El intento de quitarle la competencia del presidente como rector constitucional del orden público para sabotear procesos de paz en curso solo traería como consecuencia elevar la violencia en Medellín. En la violencia solo crece el narcotráfico y la sociedad pierde. El sabotaje a los procesos de paz solo es un suicidio».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El comunicado oficial de la Consejería Comisionada de Paz reconoce que existen obstáculos políticos, judiciales y penitenciarios para el desarrollo del proceso, y acusa a sectores de la derecha de estar detrás de una campaña de sabotaje. Además, el documento menciona la falta de avances legislativos en el Congreso para dotar al proceso de herramientas jurídicas de justicia restaurativa, lo que dificulta cerrar acuerdos de verdad, reparación y transformación de economías ilícitas. Mientras tanto, los detractores insisten en que los diálogos han empoderado a los grupos delincuenciales y que la fiesta en la cárcel es una muestra clara de la impunidad que se está generando. Hasta el cierre de esta edición, ni el gobernador Rendón ni el alcalde Gutiérrez se han pronunciado sobre la decisión del Gobierno de mantener vivo el proceso de Paz Urbana en Antioquia.
