El Ministerio de Educación Nacional decidió no prorrogar el contrato de fiducia mercantil que desde hace 36 años administraba el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) a través de Fiduprevisora S. A., una medida calificada como histórica por la ministra Ilva Myriam Hoyos y que ha puesto en máxima alerta a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). El contrato, identificado con el número 083 de 1990 y que acumulaba 43 otrosíes, venció el 31 de octubre de 2026, y desde el 1 de noviembre se abrió un período de transición de un año, prorrogable por otro, durante el cual la fiduciaria deberá cumplir obligaciones pendientes y entregar un plan de actividades mientras se adelantan los estudios previos para una licitación pública que seleccione al nuevo administrador.
La decisión, según explicó la ministra Hoyos, se sustenta en una revisión jurídica, técnica, financiera y operativa que identificó dificultades operativas, irregularidades y un patrimonio negativo en el Fomag. El fondo, creado por la Ley 91 de 1989, es el encargado de administrar las prestaciones sociales de los docentes colombianos, incluyendo salud, pensiones y cesantías. «Después de 36 años de vigencia de este contrato, se toma una decisión de carácter histórico. Una decisión para proteger los derechos fundamentales de los maestros y sus familias y para tratar de corregir todas las situaciones adversas, irregulares que han sido presentadas en la ejecución del contrato», afirmó la ministra.
Patrimonio negativo y déficit millonario
Los hallazgos de la revisión revelan una crítica situación financiera. A junio de 2026, el Fomag presentaba un patrimonio negativo de 3,198 billones de pesos. El déficit del componente de salud al cierre de ese mismo año ascendía a 2,699 billones de pesos, según el diagnóstico atribuido al Ministerio de Educación. De esa cifra, se identificó una transferencia de pensiones a salud por 859.286 millones de pesos, y un faltante sin fuente de financiación identificada de 1,840 billones de pesos. Estas cifras, junto con las irregularidades detectadas en la ejecución del contrato, fueron remitidas a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para que evalúen posibles responsabilidades.
«La finalización de un contrato para administrar los recursos no extingue los derechos de los docentes, pensionados y beneficiarios»
Fecode, comunicado oficial
Fecode, por su parte, se declaró en «máxima alerta» y exigió garantías para los docentes durante el proceso de transición. En un comunicado, el gremio dejó claro que «la liquidación del contrato fiduciario no cambia el modelo de salud ni puede convertirse en motivo para suspender servicios o desconocer derechos». Entre sus exigencias, pide que la transición cuente con recursos oportunos, responsables definidos y mecanismos de verificación, además de garantizar la continuidad de consultas, urgencias, cirugías, tratamientos de alto costo, entrega de medicamentos, pagos a prestadores y el reconocimiento de pensiones y cesantías.
Auditoría forense y licitación pública
La ministra Hoyos reveló que solicitó de manera expresa al presidente de Fiduprevisora, Abelardo de la Espriella, ordenar una auditoría forense para investigar lo ocurrido durante las tres décadas y media de ejecución del contrato. «El Ministerio de Educación ha solicitado de manera expresa una auditoría forense para que se investigue qué ha pasado durante estos 36 años con este contrato», indicó. Como antecedente para terminar el vínculo, se citó el Concepto 2227 de 2014 del Consejo de Estado, que avala la finalización del contrato y la apertura de una licitación pública para seleccionar al nuevo administrador.
Mientras tanto, el Ministerio anunció que todas las oficinas del Fomag permanecen abiertas y que ya se inició la revisión de la red de prestadores. Fecode insistió en que la transición debe ser monitoreada de cerca para evitar traumatismos en la prestación de servicios de salud y en el pago de prestaciones económicas a los docentes, pensionados y sus familias. La no renovación del contrato con Fiduprevisora marca un punto de inflexión en la administración de uno de los fondos más sensibles para el magisterio colombiano, aunque el gremio advierte que la verdadera prueba será garantizar que los derechos de los maestros no se vean afectados durante el proceso.
