Se reaviva la polémica sobre las promesas de Gustavo Petro de 2018 al recordar que su tabla de doce compromisos incluía la frase «No convocaré a una Asamblea Constituyente» y, a la vez, su gobierno oficializó este 23 de octubre de 2025 la publicación del articulado de una constituyente a través del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynnet.
En 2018, la coalición Colombia Humana firmó tablas con doce compromisos inspirados en los Diez Mandamientos, un marco que ahora vuelve a dividir posiciones en medio de un giro institucional. La noticia de hoy llega acompañada de la formalización de la publicación del articulado, gestionada por Montealegre Lynnet, lo que añade un componente interpretativo y político a la discusión sobre la apertura constitucional y sus posibles efectos en el panorama nacional, así como a las críticas de oposición que señalan incumplimientos frente a promesas históricas y a la agenda constituyente.
La promesa de campaña frente a la apertura constitucional reaviva el debate
La divulgación del articulado ratifica un paso formal en la propuesta de un eventual proceso constituyente y reabre la conversación sobre el alcance de las promesas de 2018, así como sobre cuánto del programa original podría mantenerse intacto frente a las nuevas decisiones institucionales. La medida, que ya genera reacciones entre distintos sectores, subraya la tensión entre una lectura de cumplimiento de compromisos y una lectura de apertura a una ruta constitucional que muchos habían considerado remota o controvertida.
«No convocaré a una Asamblea Constituyente» – Gustavo Petro, Presidente
En lo institucional, la persona que figura como figura clave en la oficialización del articulado es Eduardo Montealegre Lynnet, Ministro de Justicia, quien encabeza el proceso y, según las autoridades, detenta la responsabilidad de comunicar y estructurar el documento que cierra esta etapa formal para avanzar en la discusión constitucional. La noticia ha dejado a la oposición en la expectativa de cómo se desarrollará el debate público y parlamentario frente a una iniciativa que, según algunos críticos, podría contraponerse a compromisos firmados hace años y, para otros, representar una vía necesaria para futuras reformas.
