El Gobierno, liderado por el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, ofreció $1.000 millones a quien aporte información que permita identificar a los autores de los vuelos de drones ilegales detectados entre medianoche y las 3 a.m. del 2 de noviembre de 2025 sobre la vivienda del ministro del Interior Armando Benedetti. La iniciativa fue anunciada por autoridades encabezadas por Sánchez y ha generado reacciones en el Congreso, donde Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, cuestionó la medida y pidió mayor responsabilidad en la estrategia de seguridad.
El hecho ocurrido en la madrugada del domingo se inscribe en un debate público sobre la efectividad de incentivar denuncias con sumas tan altas para esclarecer incidentes de seguridad. Cadavid sostuvo que la oferta es motivo de escrutinio y pidió que la respuesta gubernamental se dé bajo una óptica de mayor responsabilidad, mientras Benedetti y otros actores observan el episodio como una prueba de la capacidad de las instituciones para proteger a funcionarios de alto perfil. En el Gobierno, la medida fue presentada como un mecanismo para recabar información clave que permita identificar a los responsables.
Debate político y seguridad ante el episodio de drones
Antecedentes: el sobrevuelo de drones ilegales detectado en la madrugada del 2 de noviembre de 2025 sobre la vivienda del ministro del Interior Armando Benedetti ha generado un amplio debate sobre las medidas de seguridad y la forma de incentivar a la ciudadanía a colaborar con la investigación. Este episodio impulsa una discusión sobre la conveniencia de ofrecer recompensas elevadas para denunciar este tipo de actos y las posibles consecuencias para la transparencia y la responsabilidad institucional.
«Sea más responsable, por favor» – Hernán Cadavid, Representante a la Cámara por el Centro Democrático
Este episodio amplía el debate político sobre la estrategia gubernamental para investigar incidentes de seguridad con drones y el papel de las recompensas en la denuncia ciudadana, además de plantear preguntas sobre la responsabilidad institucional y las posibles repercusiones para la seguridad de funcionarios de alto perfil.
