El Gobierno nacional de Colombia, a través de los ministros de Defensa, Pedro Sánchez, y del Interior, Armando Benedetti, lanzó un plan que ofrece recompensas de hasta 50 millones de pesos a quienes brinden información clave sobre delitos electorales durante las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Esta iniciativa busca combatir prácticas como la compra de votos, el constreñimiento al elector, la corrupción electoral, la suplantación de identidad, el voto ilegal y el fraude en la inscripción de cédulas, con el fin de fortalecer la transparencia en el proceso en todo el país.
Las denuncias podrán realizarse de manera confidencial a través de la línea 157 Anticorrupción o el correo electrónico de la Policía Nacional, facilitando así la captura y judicialización de los responsables. La medida fue ratificada durante un Consejo de Seguridad y Paz, y apunta directamente a erradicar el fraude electoral que ha afectado procesos anteriores, en un contexto donde las elecciones renovarán el Congreso de la República y celebrarán consultas interpartidistas para definir candidaturas presidenciales.
Compromiso gubernamental contra la corrupción electoral
El ministro Pedro Sánchez confirmó la noticia en su cuenta de X, destacando la prioridad del Gobierno en este frente, mientras que Armando Benedetti subrayó la gravedad de la compra de votos y la ausencia de controles efectivos en el pasado. En lo que va de 2025, la línea Anticorrupción ha recibido 30.000 llamadas, lo que derivó en 143 casos judicializados, evidenciando la magnitud del problema y la necesidad de acciones como esta recompensa.
«Culminado el Consejo de Seguridad y Paz, el Gobierno nacional ratificó como uno de sus objetivos prioritarios combatir la compra de votos y demás delitos electorales. En ese marco, se decidió ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a quienes incurran en conductas que atenten contra la transparencia del proceso electoral.»
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
Esta estrategia no solo busca desmantelar redes de fraude, sino también garantizar un proceso electoral limpio que refleje la voluntad popular, en un año clave para la democracia colombiana, según reportes de El Colombiano y Colprensa.
