El gobierno del presidente Gustavo Petro acelera los tiempos para reglamentar, antes del 7 de agosto, la nueva fórmula de financiación de las universidades públicas que regirá a partir de 2027. Se trata de un borrador de decreto que busca definir los pormenores de la Ley 2568 de 2026, la cual reformó los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, un estatuto que por más de tres décadas determinó la base presupuestal de la educación superior estatal. La celeridad del trámite fue revelada por la revista Cambio y busca dejar amarrada la aplicación de la reforma antes del cambio de gobierno, limitando el margen de maniobra de la administración entrante.
El decreto, que entraría en vigor el 1 de enero de 2027, establece un cambio sustancial en la metodología de cálculo: la base de financiación dejará de ajustarse únicamente por el IPC y adoptará el Índice de Costos de la Educación Superior, calculado por el Dane, con un piso igual al de la inflación. El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, William Felipe Hurtado Quintero, solicitaron reducir el plazo de comentarios ciudadanos de 15 a 7 días para cumplir con el plazo legal de reglamentación, fijado para el 19 de agosto. La urgencia, según el propio Ministerio de Educación, obedece a que “la expedición oportuna del presente decreto resulta indispensable para que las instituciones de educación superior estatales u oficiales inicien el alistamiento institucional requerido para la implementación del nuevo modelo de financiamiento”. El borrador no modifica el presupuesto de 2026, pero sí fija índices, metas y condiciones para la distribución de recursos a partir del año siguiente.
Metas financieras y de cobertura a largo plazo
El proyecto de decreto contempla ambiciosas metas para el sistema de educación superior pública. Para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, se fija la meta de alcanzar el 0,05% del Producto Interno Bruto en el tercer año de implementación, lo que equivaldría a unos 927.000 millones de pesos, y llegar al 0,07% del PIB en el quinto año, cerca de 1,3 billones de pesos. Este incremento exige un aumento anual mínimo del 20% en el presupuesto de funcionamiento de estas entidades. A largo plazo, la meta es que la inversión total en universidades públicas llegue al 1% del PIB en 2040, un horizonte que demandaría un costo fiscal proyectado entre 2027 y 2040 de 22,1 billones de pesos.
En materia de cobertura, la meta es pasar del 55,4% actual al 80% en 2040, lo que implicaría incorporar a 830.000 estudiantes adicionales al sistema. Este propósito contrasta con la dura realidad del cierre de colegios en Colombia, que entre 2023 y 2024 ascendió a cerca de 769 instituciones, lo que pone en entredicho la capacidad de generar nuevos aspirantes a la educación superior. El decreto también establece 10 criterios para distribuir los recursos adicionales, entre los que se cuentan acceso y cobertura, permanencia, calidad, investigación, infraestructura, internacionalización, pertinencia, desarrollo docente, costos estructurales y gestión estratégica. La entrega de estos recursos estará supeditada al cumplimiento de planes indicativos, seguimiento del Ministerio de Educación, rendición pública de cuentas, control social y una evaluación de impacto quinquenal. Adicionalmente, el texto enumera principios como progresividad, equidad, eficiencia, transparencia, autonomía universitaria y sostenibilidad fiscal.
La disputa política por el futuro de la universidad pública
La aceleración del trámite ocurre en medio de una fuerte controversia política. Viviane Morales, designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella como ministra de Educación, ha señalado que al próximo gobierno le corresponde reglamentar un nuevo método de financiación y ha denunciado una “asfixia financiera” en las universidades públicas. En contraste, el presidente Gustavo Petro la acusó de preparar un recorte y de querer “apagar la luz del conocimiento”. La administración saliente busca, con este decreto, que el nuevo gobierno reciba una reglamentación ya trazada, reduciendo su margen para redefinir la aplicación de la reforma. El trasfondo de la discusión es el reemplazo del ajuste por IPC de la base de financiación por el Índice de Costos de la Educación Superior, un cambio que, según el gobierno, busca actualizar el modelo de financiamiento que durante 30 años rigió el sistema. El pulso entre el gobierno saliente y el entrante evidencia la tensión en torno al futuro de la educación superior pública en Colombia, mientras el decreto avanza a contrarreloj para ser firmado antes del 7 de agosto.
