El gobierno del presidente Gustavo Petro ha destinado más de 31 billones de pesos en 80.736 contratos directos adjudicados a asociaciones comunales, cabildos indígenas, resguardos, juntas de acción comunal y consejos comunitarios entre 2023 y 2025, según datos revelados por Colombia Compra Eficiente a través de una petición de información realizada por el diario El Tiempo. La mayoría de estas obras permanecen inconclusas pese a la millonaria inversión, bajo una figura de contratación directa contemplada en los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo, la cual fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional debido a su falta de transparencia y ausencia de mecanismos de competencia.
Estos contratos, firmados directamente sin procesos licitatorios por el Ejecutivo a través de Colombia Compra Eficiente, se concentran principalmente en asociaciones comunales con 55.434 acuerdos por más de 25 billones de pesos, mientras que los cabildos indígenas recibieron más de 700 contratos. Un ejemplo emblemático es el programa Caminos para la Paz, donde solo se han construido 2.387 de los 33.000 kilómetros de vías rurales planeados, lo que representa apenas un 7% de avance. La gran mayoría de estos contratos se encuentran en ejecución, han sido modificados o carecen de evidencia de finalización, generando alertas de la Contraloría General por riesgos de corrupción y ausencia de estudios técnicos previos.
Polémica por la inconstitucionalidad y falta de competencia
La Corte Constitucional anuló en 2025 los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo al considerar que promovían la adjudicación directa sin reglas claras ni competencia, lo que restringía la participación de pequeñas y medianas empresas de ingeniería regionales. Esta modalidad ha sido criticada por concentrar obras públicas en manos de organizaciones comunitarias inexpertas, en detrimento del sector privado establecido en las regiones de Colombia.
“promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas, lo que favorecía a grupos poblacionales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería asentadas en las regiones”
Juan Martín Caicedo, expresidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación defendió la figura el 13 de mayo de 2025 ante la Corte Constitucional, argumentando que flexibilizar la contratación para potenciar este segmento de la economía era razonable y proporcional, respaldado por la jurisprudencia constitucional.
“flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional”
Estas revelaciones ponen en evidencia las tensiones entre la política de inclusión social del gobierno Petro y las exigencias de transparencia y eficiencia en la inversión pública, con la Cámara Colombiana de Infraestructura sumándose a las críticas por la restricción a la competencia y la asignación a entidades sin experiencia técnica, lo que podría agravar los riesgos de irregularidades en un contexto de baja ejecución de las obras contratadas a lo largo del país.
