El gobierno del presidente Gustavo Petro adjudicó contratos de publicidad institucional por un valor total de 71.893 millones de pesos entre el 26 y el 30 de enero de 2026, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Estatales, según una denuncia presentada por la representante a la Cámara por Alianza Verde, Katherine Miranda. Estas adjudicaciones, suscritas por entidades nacionales como el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, diversos ministerios y agencias, incluyen 16 contratos destinados a campañas de comunicación, divulgación institucional, producción de contenidos y difusión en medios tradicionales y digitales, en un contexto de emergencia económica, social y ambiental que atraviesa el país.
De ese monto total, más de 64.000 millones de pesos, equivalente al 89 por ciento, se concentraron en 12 contratos adjudicados a Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), lo que representa un incremento del 4.166 por ciento, o 42 veces más, en comparación con los 1.500 millones que RTVC recibió en el periodo equivalente de 2022 durante el gobierno de Iván Duque. Entre los detalles de estas asignaciones a RTVC destacan los 14.500 millones del Fondo Único de Tecnologías, 10.600 millones del Ministerio de Educación, casi 8.000 millones del Ministerio de Justicia, 6.800 millones de Salud, 6.000 millones de la Agencia Nacional de Tierras, 4.377 millones de Cultura, 3.200 millones del Ministerio del Interior, 3.000 millones de Ambiente, 2.900 millones de Relaciones Exteriores, 2.453 millones de la Superintendencia Nacional de Salud, 1.390 millones de Transporte y 700 millones del Ministerio del Deporte. Los restantes contratos se dirigieron a otros contratistas como la Sociedad de Televisión de Caldas, Quindío y Risaralda Ltda., Servicios Postales Nacionales S.A.S. y la Confederación Colombiana de Consumidores.
Denuncia por uso electoral de recursos públicos
La denuncia de Miranda pone en evidencia una concentración del 90 por ciento del gasto publicitario en RTVC y ocurre en un año electoral marcado por las restricciones de la Ley de Garantías, que busca evitar el uso de recursos públicos para fines políticos.
“Firmar más de $70.000 millones en propaganda institucional justo antes de la Ley de Garantías, mientras el país atraviesa una emergencia económica y social, es una falta de respeto con los colombianos. La pauta institucional no puede convertirse en una herramienta de promoción política en año electoral”
Katherine Miranda, representante a la Cámara
La congresista también cuestionó el direccionamiento de estos recursos en plena época electoral para posicionar la agenda gubernamental, transformando la pauta institucional en propaganda política con dineros de todos los colombianos. Miranda anunció que presentará una denuncia formal ante los organismos de control para investigar posibles irregularidades en estas adjudicaciones.
“Es evidente un claro direccionamiento de recursos públicos en plena época electoral para posicionar la agenda del Gobierno con recursos de todos los colombianos, convirtiendo la pauta institucional en una herramienta de propaganda gubernamental”
Katherine Miranda, representante a la Cámara
Este caso genera preocupación en el ámbito nacional y regional, especialmente en Caldas, donde entidades locales como la Sociedad de Televisión de Caldas, Quindío y Risaralda Ltda. aparecen como beneficiarias, en un momento en que el país exige transparencia en el manejo de los recursos públicos ante las múltiples emergencias que enfrenta.
