El gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 23,78 por ciento en el salario mínimo legal vigente para 2026, elevándolo a dos millones de pesos, una medida que entrará en vigor desde enero de ese año en todo Colombia y que, según estimaciones, generará costos fiscales directos de siete billones de pesos, aunque algunos expertos elevan el impacto total hasta los treinta billones. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la decisión argumentando que impulsará el consumo interno y podría generar un crecimiento económico superior al cinco por ciento con mayores ingresos tributarios, pero la iniciativa ya despierta alertas por su efecto en las finanzas públicas, especialmente porque el presupuesto para 2026 fue diseñado asumiendo un incremento solo del siete por ciento.
El anuncio resalta la brecha de 16,7 puntos porcentuales respecto a lo previsto, afectando no solo la nómina estatal, sino también las pensiones de más de un millón de personas que reciben mesadas basadas en el mínimo, como las de Colpensiones, donde el costo adicional se calcula en cuatro billones de pesos según el experto en pensiones Kevin Hartmann. Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, precisó que el aumento del 23 por ciento, al menos 16 puntos por encima de la inflación y el crecimiento de la productividad, podría costarle a la Nación más de cinco billones anuales por nómina y otros cinco por pensiones, sumando diez billones en total. Además, elevaría el capital requerido para una pensión de un hombre de 62 años de 420 millones a 535 millones de pesos, en un contexto de 56 por ciento de informalidad laboral y donde las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99,5 por ciento del tejido empresarial.
Expertos cuestionan la sostenibilidad fiscal
Diego Guevara, exministro de Hacienda, advirtió que el mayor impacto no recaerá en el mercado laboral, sino en el Presupuesto General de la Nación, estimando que entre pensiones y salarios mínimos pagados por el Tesoro el hueco de financiación podría alcanzar los treinta billones de pesos. Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, calificó el incremento como una presión desafortunada en dos dimensiones: un costo laboral elevado para las empresas y preocupación por la sostenibilidad económica, rechazando que sea motivo de celebración.
“El costo fiscal es de unos $7 billones, pero el impulso al consumo podría generar un crecimiento superior al 5% y mayores ingresos tributarios”
Germán Ávila, Ministro de Hacienda
“el mayor impacto de este aumento no estará en el mercado laboral, sino en el Presupuesto General de la Nación”
Diego Guevara, exministro de Hacienda
“entre pensiones y salarios mínimos que se tienen que pagar del Tesoro pueden ser unos $10 billones adicionales; el hueco total de financiación podría ampliarse a cerca de $30 billones”
Diego Guevara, exministro de Hacienda
“solo en Colpensiones, el aumento tendría un costo aproximado de $4 billones”
Kevin Hartmann, experto en pensiones
“el aumento del 23% en el salario mínimo (al menos 16 puntos porcentuales -pp- por encima de la inflación y del crecimiento de la productividad) puede costarle a la Nación más de $5 billones anuales por concepto de nómina y casi otros $5 billones por concepto de pensiones”
Oliver Pardo, director Centro Javeriano de Competitividad
“Un incremento del 23% implica una presión absolutamente desafortunada para el sistema económico en dos dimensiones. Claro que es un costo, y es un costo laboral muy importante para las empresas. No es un motivo de celebración, es un motivo de total preocupación”
Juan Pablo Herrera, decano Facultad de Economía Universidad Externado
La medida genera preocupación por su potencial para agravar la sostenibilidad fiscal, reducir el empleo formal y presionar la inflación, con posibles soluciones como nueva deuda o una reforma tributaria según Guevara, mientras Herrera insiste en parámetros técnicos basados en inflación y productividad que justificarían solo un siete por ciento de aumento. El debate se intensifica ante las implicaciones para el conjunto de la economía colombiana.
