El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defendió ante la Sección Segunda del Consejo de Estado el Decreto 2170 de 2013 expedido durante la administración de Juan Manuel Santos, que reconoce una prima especial de servicios a los miembros del Congreso de la República. En un escrito oficial fechado el 24 de agosto de 2023, suscrito por el abogado Juan José Martínez Guerra, apoderado del Ministerio, se presentaron alegatos de conclusión solicitando al juez ponente Miguel Arcángel Villalobos Chavarro negar las pretensiones de la demanda de nulidad simple interpuesta en 2013 por Pablos Bustos Sánchez contra la Nación – Ministerio de Hacienda y otras entidades.
Este proceso judicial lleva más de una década sin una decisión definitiva, desde que se radicó la demanda en 2013, y el reciente documento, conocido por Infobae Colombia, revela la posición del Gobierno actual en defensa del decreto que busca armonizar el reconocimiento de esta prestación con los principios constitucionales y legales de las relaciones laborales, considerando las prestaciones sociales como irrenunciables y de orden público.
Argumentos en defensa de la prima especial
El Ministerio de Hacienda argumentó que no es posible desconocer esta prestación social reconocida a los congresistas, ya que su nulidad violaría abiertamente las disposiciones legales que regulan el trabajo humano. Además, negaron el tercer cargo de la demanda relacionado con una presunta retroactividad del decreto, al analizar los artículos 1 y 2, afirmando que no puede inferirse tal efecto.
«NO es posible desconocer la prestación social, que le es reconocida a los miembros del Congreso de la República, pues la Nulidad del Acto acusado, desconocería abiertamente las disposiciones legales que regulan el trabajo humano, las cuales son de orden público.»
Juan José Martínez Guerra, apoderado del Ministerio de Hacienda
En el mismo sentido, el Ministerio enfatizó que estas prestaciones constituyen un patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador, parte esencial de las condiciones de dignidad y justicia en toda relación laboral.
«Por lo anterior, le solicito al Despacho negar las pretensiones de la demanda, por las argumentaciones aquí referidas.»
Juan José Martínez Guerra, apoderado del Ministerio de Hacienda
Si el Consejo de Estado rechaza la demanda, el decreto mantendría su vigencia, consolidando el reconocimiento de la prima especial de servicios para los legisladores, en un fallo que podría cerrar un largo capítulo judicial iniciado hace más de diez años.
