En sus últimas horas en el poder, el gobierno saliente de Gustavo Petro dejó en firme la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, una ambiciosa hoja de ruta que estará vigente hasta 2035 y cuya ejecución recaerá, paradójicamente, en la ministra de Educación designada, Viviane Morales, una figura cristiana conservadora que ha hecho de la lucha contra la “ideología de género” uno de sus estandartes. La resolución 1350 de 2026, expedida en los últimos días de la administración Petro, asigna a la cartera de Educación un rol central para incorporar los lineamientos en el sistema educativo colombiano, lo que incluye la obligación de capacitar docentes en derechos sexuales y reproductivos, diseñar lineamientos curriculares con enfoque de género y diversidad, y coordinar con las secretarías de Educación certificadas la inclusión progresiva de estos contenidos. La política, que también involucra a los ministerios de Salud, Trabajo y Cultura, busca aplicar mandatos pendientes del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, sentencias de la Corte Constitucional y compromisos internacionales, pero ahora queda en manos de un gobierno entrante que prometió exactamente lo contrario.
Una contradicción en el corazón del nuevo gabinete
La designación de Viviane Morales como cabeza del Ministerio de Educación por parte del presidente electo, Abelardo de la Espriella, representa una de las mayores tensiones políticas del momento. Morales, quien como senadora promovió un referendo para restringir la adopción de menores por parejas del mismo sexo y ha cuestionado abiertamente la “ideología de género”, es ahora la responsable de ejecutar una política que exige, precisamente, enfoques de género, diversidad e interseccionalidad en las aulas. De la Espriella, por su parte, construyó su campaña en torno a la promesa de “acabar con la ideología de género para que Dios entre a las aulas”, y encomendó a Morales la misión de “sacar a Marx de las aulas para meter a Dios”. Sin embargo, mientras la resolución 1350 esté vigente, el Ministerio de Educación debe cumplir con las funciones asignadas, aunque el nuevo gobierno conserva espacio para definir el ritmo y la forma de implementación, o incluso modificar el acto administrativo si así lo decide.
“Acabar con la ideología de género para que Dios entre a las aulas”
Abelardo de la Espriella, presidente electo, durante su campaña
El documento oficial otorga un plazo de seis meses, contados a partir de su expedición, para que el Ministerio de Educación presente un plan de acción detallado. Entre las tareas concretas que deberá asumir están: diseñar lineamientos de política educativa, coordinar con las secretarías certificadas, capacitar a docentes en derechos sexuales y reproductivos, y promover la inclusión paulatina de estos contenidos en los currículos escolares. Morales ha defendido en el pasado que su paso por la Fiscalía General demuestra que actúa por encima de sus convicciones personales y con apego a la Constitución, un argumento que ahora será puesto a prueba de manera directa. La política, que también involucra a los ministerios de Salud, Trabajo y Cultura, establece una ruta intersectorial que difícilmente podrá ser ignorada sin generar enfrentamientos jurídicos y sociales.
Por ahora, el gobierno entrante conserva la facultad de modificar o derogar la resolución si considera que contradice su programa, pero mientras no lo haga, la cartera de Educación está obligada a cumplirla. Este escenario deja en el aire una pregunta clave: ¿podrá Viviane Morales conciliar su profundo conservadurismo con una política pública que promueve la diversidad sexual y los derechos reproductivos en las escuelas, o se convertirá en el primer campo de batalla de la nueva administración? La respuesta la definirán los próximos meses, mientras el país observa si las promesas de campaña se imponen o si la institucionalidad logra sostener los avances en derechos conquistados durante años de luchas sociales y judiciales.
