La senadora del Centro Democrático María Clara Posada radicó este lunes ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una demanda de nulidad parcial contra los artículos 4 y 5 del Decreto 802 de 2026, expedido por el presidente Gustavo Petro el pasado 23 de julio en el marco de la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño. La congresista también solicitó como medida cautelar la suspensión provisional inmediata de los efectos de esas disposiciones, al considerar que otorgan al Ejecutivo facultades para realizar traslados presupuestales sin control del Congreso, lo que calificó como un «cheque en blanco».
La demanda sostiene que la declaratoria de desastre no habilita al Gobierno para modificar el presupuesto sin intervención del Legislativo, violando lo dispuesto en la Constitución que reserva esa potestad de manera exclusiva al Congreso. Según explicó la senadora en su cuenta de X al anunciar la acción judicial, «la Constitución establece que solamente el Congreso puede aprobar y modificar el presupuesto. El Gobierno sólo puede hacerlo, sin pasar por el Congreso, en un estado de excepción a través de un Decreto con fuerza de Ley». Posada advirtió que el Gobierno «utilizó el fenómeno de El Niño como pretexto para girar los recursos que quieran, sin ningún tipo de límite ni pasar por el Congreso».
Los artículos demandados y su alcance
El artículo 4 del Decreto 802 de 2026 autoriza al Ministerio de Hacienda a garantizar recursos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, e incluye un parágrafo que permite a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional realizar traslados presupuestales solicitados por entidades. Por su parte, el artículo 5 crea una subcuenta temporal denominada «Fenómeno del Niño 2026-2027» dentro del mismo fondo. La senadora advierte que mantener vigentes esas facultades podría generar compromisos y contrataciones difícilmente reversibles si el Consejo de Estado declara la nulidad más adelante.
El Gobierno fundamentó la medida en informes técnicos del Ideam y la NOAA que proyectan una intensificación del fenómeno de El Niño, con un 95% de probabilidad de que se intensifique en el segundo semestre de 2026 y un 63% de que alcance intensidad «muy fuerte». La declaratoria de desastre nacional tendrá una duración de 12 meses y el decreto advierte sobre posibles apagones generalizados, racionamientos prolongados de energía y problemas en el abastecimiento de agua potable, para lo cual contempla un Plan de Acción Específico para la Recuperación en seguridad alimentaria, acceso al agua y transición energética para hogares vulnerables.
«El día de hoy voy a radicar ante el Honorable Consejo de Estado una demanda de nulidad contra los artículos 4 y 5 del Decreto 802 de 2026. El cheque en blanco que quiere usar el Gobierno para modificar el presupuesto y ejecutar recursos a dedo en una feria de contratos hasta el 7 de agosto»
María Clara Posada, senadora del Centro Democrático
Cifras que respaldan la emergencia y la controversia fiscal
Según los datos que maneja el Gobierno, con corte a junio de 2026 las obligaciones financieras pendientes en el Mercado de Energía Mayorista ascienden a 2,76 billones de pesos, mientras que 558 municipios están identificados con riesgo alto y muy alto por afectación de suministro de agua potable. La emergencia climática es real, reconoce la senadora, pero su cuestionamiento apunta al mecanismo utilizado para movilizar recursos sin pasar por el Congreso. Esta demanda se suma a otra que Posada ya presentó contra el Decreto 0765 de 2026, que ordena el traslado de 4 billones de pesos de Ecopetrol a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La acción judicial busca que el alto tribunal suspenda provisionalmente los efectos de los artículos demandados mientras se resuelve el fondo del asunto. De prosperar la medida cautelar, el Gobierno quedaría imposibilitado de seguir usando esas herramientas presupuestales basadas en la declaratoria de desastre, lo que obligaría a buscar alternativas legislativas para atender la crisis climática que, según los informes técnicos, se avecina con fuerza en el segundo semestre del año.
