El Ministerio de Hacienda reveló que el Gobierno de Gustavo Petro destinó más de 130 billones de pesos entre 2022 y 2026 para cubrir subsidios de energía y gas, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y el pago de un crédito con el Fondo Monetario Internacional. La cifra fue presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en un balance fiscal difundido a través de los canales digitales de la Presidencia, al cierre de la administración del presidente Petro, y evidencia la magnitud de los recursos que el Estado destinó a atender compromisos heredados y obligaciones del sector energético.
De acuerdo con la exposición oficial, el rubro más significativo corresponde al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que absorbió 83,9 billones de pesos en el cuatrienio. El ministro Ávila explicó que el gobierno anterior, encabezado por Iván Duque, mantuvo estable el precio de la gasolina durante sus dos últimos años a pesar del alza sostenida en los precios internacionales del petróleo. Esa decisión generó un desfase que el gobierno de Petro debió asumir desde el inicio de su mandato, cubriendo con recursos del presupuesto nacional el déficit acumulado del FEPC. Las cifras muestran que en 2022 se destinaron 21,9 billones de pesos al fondo, en 2023 la cifra ascendió a 29,5 billones, mientras que para 2025 se proyectaron 7,7 billones y para 2026, 3,1 billones.
Subsidios a energía y gas y pago al FMI
En paralelo, los subsidios a los servicios de energía y gas sumaron 26,7 billones de pesos entre 2022 y 2026, con un crecimiento progresivo: pasaron de 3,9 billones en 2022, equivalentes al 0,22% del PIB, a 7 billones en 2026, que representan el 0,37% del producto interno bruto. El ministro Ávila recordó que estos subsidios fueron concebidos originalmente como un esquema de subsidios cruzados, en el que las sobretarifas pagadas por algunos usuarios financiaban los descuentos otorgados a otros. Sin embargo, diversas decisiones adoptadas por el Congreso de la República durante los últimos años redujeron esas fuentes de financiación, lo que obligó al Gobierno a cubrir los subsidios con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Además, el Gobierno destinó 23,1 billones de pesos entre 2024 y 2025 al pago de un crédito con el Fondo Monetario Internacional, equivalente al 1,25% del PIB. El ministro subrayó que la atención de estas tres obligaciones —el FEPC, los subsidios a energía y gas y el crédito con el FMI— redujo significativamente el espacio fiscal disponible para financiar otros programas del Estado. Como contexto, el precio de la gasolina en las trece principales ciudades del país alcanzó en julio de 2026 un promedio de 15.848 pesos por galón, tras los aumentos progresivos aplicados durante la administración Petro.
«Durante los dos últimos años del gobierno anterior (Iván Duque) se mantuvo estable el precio de la gasolina, pese a que los precios internacionales aumentaban de manera significativa. Como consecuencia, este gobierno tuvo que asumir desde el inicio de su mandato el costo de ese desfase, cubriendo con recursos del presupuesto nacional el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles».
Germán Ávila, ministro de Hacienda
«Es importante recordar que los subsidios a los servicios de energía y gas fueron concebidos como un esquema de subsidios cruzados, en el que las sobretarifas pagadas por algunos usuarios financiaban los subsidios otorgados a otros. Sin embargo, durante los últimos años diversas decisiones adoptadas por el Congreso de la República redujeron esas fuentes de financiación, haciendo necesario cubrir estos subsidios con recursos del Presupuesto General de la Nación».
Germán Ávila, ministro de Hacienda
El balance presentado por el ministro Ávila revela que el país destinó más de 130 billones de pesos en un cuatrienio para equilibrar cuentas del sector energético y cumplir compromisos internacionales, una cifra que, según el funcionario, limitó la capacidad del Gobierno para invertir en otras áreas prioritarias. La administración Petro, que asumió en 2022, heredó un déficit en el FEPC que se fue incrementando por la decisión del gobierno anterior de no ajustar el precio de la gasolina frente al alza internacional, y que debió ser cubierto con recursos públicos.
