A solo 16 días de que finalice el mandato del presidente Gustavo Petro, un total de diez actos administrativos expedidos por su gobierno han sido demandados ante la jurisdicción administrativa de Colombia, según informaron fuentes jurídicas consultadas por La Veintitrés Manizales. Las demandas, presentadas por firmas de abogados y consultorías especializadas en derecho tributario, laboral y administrativo, alegan que los decretos y resoluciones acusados estarían viciados de irregularidades como falta de respaldo legal, excesos en la potestad reglamentaria, vulneración del principio de reserva de ley y afectaciones a la seguridad jurídica. Los demandantes consideran que estos instrumentos normativos no solo exceden los límites constitucionales y legales, sino que crean obligaciones sin el debido respaldo o anticipan efectos de leyes que aún no han entrado en vigencia.
Entre los actos demandados se encuentran normativas que impactan áreas sensibles como pensiones, fletes y exportaciones. La lista incluye, entre otros, el Acuerdo 10 de 2023 del Sena, los decretos 1225 de 2024, 0234 de 2026, 0415 de 2026, 1601 de 2022, 572 de 2025, 1017 de 2025 y 1047 de 2024, además de las Resoluciones 1145 de 2021 y 1323 de 2022 de la UGPP, y la Resolución 687 de 2026. Las demandas también involucran a la firma SPL, mencionada en varias de las impugnaciones, y a diversos gremios afectados por las disposiciones adoptadas.
Las irregularidades señaladas por los demandantes
Los argumentos presentados ante los jueces administrativos detallan presuntas violaciones legales específicas en cada caso. El Decreto 0415 de 2026, por ejemplo, ordenó el traslado anticipado de fondos a Colpensiones, una medida que, según la demanda, contradice directamente la reforma pensional que lo prohíbe. Por su parte, el Decreto 0234 de 2026 pretendió reglamentar la negociación colectiva por niveles superiores al de la empresa, materia que los accionantes consideran reservada exclusivamente al Congreso de la República.
En materia económica, el Decreto 572 de 2025 incrementó las tarifas de retención y autorretención en la fuente, pero la demanda sostiene que dicha modificación carece de un estudio técnico suficiente que la respalde. El Decreto 1017 de 2025 creó una tarifa del 0,1% sobre los fletes, mientras que la Resolución 687 de 2026 estableció un porcentaje fijo del 15% del 25% por gastos operativos en procedimientos de cobro coactivo, disposiciones que los demandantes califican como desprovistas de sustento jurídico.
Uno de los casos de mayor controversia es el Decreto 1047 de 2024, que prohibió las exportaciones de carbón hacia Israel. Quienes impugnan esta medida argumentan que desconoce tratados de libre comercio vigentes y las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), abriendo un frente de incertidumbre para los exportadores del sector. En total, las resoluciones de la UGPP incluidas en las demandas se relacionan con la devolución de subsidios otorgados durante la pandemia a través de los programas PAEF y PAP.
Las firmas de abogados y consultorías de derecho tributario, laboral y administrativo que lideran estas acciones judiciales han advertido que un posible fallo favorable a sus pretensiones podría anular o suspender los efectos de estos actos administrativos, generando un impacto significativo en la regulación vigente. La seguridad jurídica y la correcta delimitación de las competencias del Ejecutivo frente al Legislativo son el eje central de estas controversias que marcan el cierre de un gobierno envuelto en disputas normativas hasta sus últimos días.
