Un informe de empalme presentado al equipo de transición presidencial revela la grave crisis que enfrenta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a solo 14 días de que finalice el mandato de Gustavo Petro. El documento, que cubre del 7 de agosto de 2022 al 7 de marzo de 2026, detalla que el sistema penitenciario colombiano presenta un hacinamiento del 27 %, un déficit de más de 12.000 guardianes y 306 hallazgos de la Contraloría sin resolver entre 2009 y 2025. Esta situación será heredada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el 7 de agosto de 2026.
Según los datos divulgados por El Tiempo, la población reclusa supera las 102.000 personas, mientras que la capacidad carcelaria es de menos de 82.000 cupos. En el período analizado, apenas se aumentaron 378 plazas, una cifra insuficiente frente a la demanda. El déficit de personal en el Cuerpo de Custodia asciende a más de 12.000 guardianes, lo que complica la seguridad y el monitoreo independiente de los centros de reclusión. Además, se reportan 306 hallazgos de la Contraloría sin resolver, de los cuales 53 corresponden a cierres pendientes hasta 2021, 203 a reportes previos y 50 a la auditoría financiera de 2025.
Una crisis estructural que se arrastra desde 1998
La Corte Constitucional ha reiterado desde 1998 la falta de condiciones mínimas estructurales y sanitarias en las prisiones colombianas. El informe de empalme confirma que no se han consolidado dichas condiciones, y señala problemas como corrupción, tortura, abuso sexual, falta de recursos, deficiencias en el mantenimiento de infraestructuras, riesgos sanitarios y amenazas a los guardianes. Entre los centros afectados, se destaca el cierre definitivo de La Ceja y la inhabilitación temporal o definitiva de espacios en otros establecimientos.
En cuanto a la ampliación de la planta de personal, el concurso de méritos para proveer cargos en el cuerpo de custodia sigue en etapa de inscripción, mientras que el proceso anterior dejó demandas judiciales por nulidad y restablecimiento de derechos. La viabilidad fiscal, la definición de fuentes de financiación y la coordinación para la sostenibilidad presupuestal son retos adicionales. También se detectaron deficiencias en la regulación de la jornada laboral, necesidades de apoyo en instalaciones específicas y pagos a funcionarios que no prestaron servicios entre 2024 y 2025.
Las promesas del nuevo gobierno
Frente a este panorama, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha prometido construir 10 cárceles concesionadas a empresas privadas, una medida que busca aliviar el hacinamiento. Además, se proyecta la apertura de nuevas cárceles en Riohacha, El Pilamo y Sabanas de Ángel, lo que ayudaría a mermar la problemática, aunque se requiere mantenimiento de otras infraestructuras existentes. El informe de empalme subraya que la situación es crítica y que el nuevo gobierno deberá enfrentar una crisis que ya lleva décadas sin solución estructural.
