El gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 1470 de 2025 el 29 de diciembre de ese año, fijando el auxilio de transporte en 249.095 pesos para el año 2026, lo que representa un incremento del 24,5 por ciento respecto a los 200.000 pesos establecidos para 2025. Esta medida se vincula directamente al aumento del 23 por ciento en el salario mínimo legal mensual vigente, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo del ingreso laboral y garantizar condiciones de subsistencia digna para los trabajadores, invocando la Ley 15 de 1959, la Ley 4 de 1992, así como los artículos 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia.
El auxilio de transporte, que es una prestación legal no salarial destinada a trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, busca mitigar los costos de desplazamiento y se alinea con los preceptos de la Organización Internacional del Trabajo. Históricamente, este beneficio ha mostrado incrementos significativos: en 2025 pasó de los 162.000 pesos de 2024 con un alza del 23,46 por ciento, reflejando una tendencia al ajuste anual para contrarrestar la inflación y el encarecimiento de la movilidad en el país.
Críticas por impacto en el empleo formal e informal
La decisión ha generado fuertes críticas de Charles Chapman López, abogado y líder gremial, quien califica el decreto como un «cuento de hadas con final catastrófico» que provocará «más destrucción de empleo formal» y dejará a más colombianos sin derechos laborales ni pensión. Según datos del Dane, la informalidad laboral en Colombia supera el 55 por ciento, afectando a unos 13 millones de personas, y López advierte que esta medida agrava la situación al dificultar el acceso a la formalidad para micro y pequeñas empresas, ignorando a los más vulnerables del mercado laboral.
«Hoy nuevamente el Gobierno Petro le da la espalda a los más vulnerables del mercado laboral, los informales, a esos 13 millones de colombianos que hoy no tienen mínimos derechos, que están condenados a no tener pensión y que el Gobierno los olvida en su decreto de incremento del salario mínimo, que les dificulta más acceder a la seguridad social.»
Charles Chapman López, abogado y líder gremial
Chapman López pronostica «la mayor mortalidad de puestos de trabajo formales» y cita ejemplos de Venezuela, Argentina y México, donde incrementos similares en el salario mínimo han elevado la informalidad. Sus declaraciones subrayan que, en lugar de proteger al pueblo colombiano, estas políticas buscan mantener el poder político a costa del futuro económico del país.
El decreto representa un esfuerzo por adaptar las prestaciones sociales a la realidad económica colombiana, aunque las voces disidentes como la de Chapman López alertan sobre posibles consecuencias negativas en un contexto de alta informalidad, donde millones de trabajadores luchan por acceder a derechos básicos como la pensión y la seguridad social.
