El gobierno del presidente Gustavo Petro implementó controles de precios y una desindexación de 225 bienes y servicios del salario mínimo, incluyendo viviendas VIS y VIP, con el objetivo de evitar que el aumento del 23,7 por ciento en el salario mínimo para 2026 se traslade a los costos habitacionales. Esta medida, impulsada por el ministro del Trabajo Antonio Sanguino y el Ministerio de Vivienda, establece topes fijos para estos segmentos sin ajuste salarial, mientras la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) monitorea a más de 20 constructoras y prohíbe la concertación de precios, exigiendo que se publiquen en pesos colombianos. La iniciativa responde a las expectativas de inflación que podrían superar en 1,5 puntos la meta del 3 por ciento, extendiéndose a sectores como los medicamentos con 36.000 productos supervisados, en un contexto de Circular No. 4 de 2024 vigente desde febrero de 2025.
Estas acciones buscan prevenir la especulación y la inflación derivada del elevado incremento salarial anunciado por el gobierno Petro, describiendo la indexación automática como una «aberración económica» por parte del presidente. El decreto para topes en VIS y VIP sin subida, junto con requerimientos de información a las constructoras, forma parte de un proceso de desindexación salarial que el Banco de la República califica de lento, con indexaciones implícitas que persisten y erosionan la política monetaria de inflación objetivo vigente desde 2001.
Críticas del sector privado y el emisor
La medida ha generado fuertes críticas de Guillermo Herrera, presidente de Camacol, y Mauricio Villamizar, codirector del Banco de la República, quienes advierten sobre riesgos de menor oferta de vivienda, aumento de la informalidad laboral en pequeñas empresas y distorsiones económicas. El Banco de la República enfatiza su autonomía para garantizar la estabilidad de precios, argumentando que los controles podrían agravar la presión inflacionaria post-aumento salarial.
«el control de precios a la vivienda social planteado en el borrador de decreto del Gobierno no reduce el valor de la vivienda; por el contrario, se traduce en menos oferta y más barreras de acceso para miles de familias que quieren una vivienda digna y formal»
Guillermo Herrera, presidente de Camacol
«peligrosas e incluso nefastas»
Mauricio Villamizar, codirector del Banco de la República
«la estabilidad de precios no se logra mediante decretos»
Mauricio Villamizar, codirector del Banco de la República
«las medidas de control de precios pueden ser peligrosas e incluso nefastas, aun cuando sean bien intencionadas»
Mauricio Villamizar, codirector del Banco de la República
«para muchas pequeñas empresas es casi imposible no trasladar un aumento tan elevado del salario mínimo a los precios»
Mauricio Villamizar, codirector del Banco de la República
El impacto potencial incluye una reducción en la oferta de viviendas VIS y VIP, mayor informalidad en pymes que no puedan absorber el costo laboral sin ajustes, y distorsiones que cuestionan la efectividad de los decretos frente a dinámicas de mercado, en un escenario donde el gobierno insiste en que estas herramientas son esenciales para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos.
