El gobierno del presidente Gustavo Petro impuso dos nuevos gravámenes a las generadoras de energía eléctrica en Colombia mediante el Decreto Legislativo 044 de 2026, emitido en el marco de la emergencia económica declarada por el Decreto 1390 de 2025. Estas medidas incluyen una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos del año anterior y una contraprestación en especie equivalente al 12% de la energía comercializada en el Mercado de Energía Mayorista, con el objetivo de fortalecer el Fondo Empresarial gestionado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y garantizar la operación de empresas intervenidas por la crisis en el servicio eléctrico, especialmente en la región Caribe que abarca departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La contribución parafiscal se destina exclusivamente a la actividad de prestación del servicio público domiciliario de energía en generación, mientras que la contraprestación en especie aplica particularmente a generadoras hidráulicas con despacho centralizado y permite un descuento en el impuesto de renta; se liquida mensualmente y se distribuye de manera proporcional entre las empresas intervenidas. Se espera que estas medidas aporten alrededor de 300.000 millones de pesos al Fondo Empresarial, en un contexto de deudas reconocidas por 1,2 billones de pesos entre generadores térmicos y la empresa Air-e, más 500.000 millones en obligaciones de la cadena de suministro, con la intervención de Air-e extendiéndose por más de 17 meses debido a la fragilidad financiera de los operadores en la región Caribe.
Críticas del sector por riesgo sistémico
La Asociación Nacional de Generadores de Energía, Andeg, representada por su presidente Alejandro Castañeda, ha calificado estas disposiciones como confiscatorias e ilegales, argumentando que comprometen la suficiencia financiera de los agentes generadores y les traslada deudas ajenas. La crisis en la región Caribe ha requerido intervenciones administrativas por la grave situación financiera, lo que pone en jaque la sostenibilidad del sector eléctrico, la confianza de los inversionistas y la continuidad del servicio a nivel nacional.
«El Decreto 044 de 2026 resulta confiscatorio y presenta serios vicios de ilegalidad, toda vez que compromete la suficiencia financiera de los agentes generadores y les traslada la carga de asumir deudas que no les corresponden».
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg
«En el caso de las plantas térmicas, estas medidas agravan el riesgo sistémico y ponen en peligro la continuidad del servicio de energía en el país».
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg
En respuesta, Andeg solicitó de manera urgente a la Corte Constitucional la revisión de los Decretos 1390 de 2025 y 044 de 2026, alertando sobre los graves riesgos para la estabilidad del sistema eléctrico colombiano.
