Empresas y expertos colombianos han elevado duras críticas contra el proyecto del Gobierno de Gustavo Petro que busca transferir 25 billones de pesos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones en apenas 15 días, una medida que entraría en vigencia a principios de 2026. Figuras como Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda; la senadora Norma Hurtado del Partido de la U, y Mónica Higuera, exdirectora de la URF, han alertado sobre los graves riesgos económicos, legales y financieros que implicaría este traslado de recursos de las cuentas individuales de los fondos privados al régimen público, justificado por el Gobierno con necesidades de flujo de caja y ajustes administrativos.
El anuncio genera controversia en un contexto de incertidumbre jurídica, marcada por la Ley 2381 de 2024 y el auto 481 de 2025 de la Corte Constitucional, mientras Colombia cuenta ya con más de dos millones de pensionados en el régimen público de Colpensiones, cifra que crece anualmente. Los críticos advierten que esta operación no solo liquidaría activos en el mercado de capitales, encareciendo la deuda pública cuyo costo financiero ya consume más del 25 por ciento del presupuesto nacional, sino que también erosionaría la confianza en el sistema pensional y generaría un hueco fiscal de inmensas proporciones para el futuro.
Alertas desde el sector empresarial y político
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha sido uno de los más enfáticos al señalar que el efecto de esta medida sería un incremento en la tasa que tendría que pagar la Nación por su deuda, agravando un gasto que ya supera el cuarto del presupuesto nacional, y atribuyendo la urgencia del decreto a la coyuntura política actual. Por su parte, Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, describió la iniciativa como una estocada hasta la empuñadura del Gobierno de Petro a la economía colombiana, al pretender adueñarse de los 25 billones de pesos del ahorro individual de pensiones para financiar el presupuesto, lo que crearía un problema adicional al liquidar activos que elevarían el costo de la deuda pública.
“El efecto será un incremento en la tasa que tendrá que pagar la Nación, aumentando el costo financiero de la deuda colombiana y que ya se consume más del 25% del presupuesto nacional”
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Londoño también criticó lo que califica como una tarifa confiscatoria para el sector financiero y extractivo, que aumentaría el costo del crédito y pondría la lápida a un sector extractivo en uno de sus peores momentos, sumado a menciones sobre un impuesto sobre el patrimonio y la pérdida de autosuficiencia energética. “Todo mal. Así o más claro?”, remató el exfuncionario.
Preocupaciones jurídicas y del mercado
La senadora Norma Hurtado del Partido de la U enfatizó que anticipar este traslado libera caja al Gobierno y abre la puerta a que el ahorro de la vejez financie gasto público corriente, recordando que lo advirtieron en el debate legislativo proponiendo reglas y plazos estrictos para blindar esos recursos, pues “el ahorro pensional no es caja menor del Estado, es un derecho de los trabajadores y debe respetarse”. Mónica Higuera, exdirectora de la URF, con conocimiento del mercado de capitales, alertó sobre lo peligroso de decisiones no calculadas, especialmente tras conversaciones con el ministro Germán Ávila, quien habría respondido que “las AFP tienen con qué”, en alusión a las administradoras de fondos privados.
“estocada hasta la empuñadura del gobierno de Gustavo Petro a la economía colombiana”
Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda
Las críticas convergen en los riesgos para el sistema financiero, el alza en precios de activos, el deterioro de la confianza en el ahorro pensional y la posible influencia política en la rapidez del proceso, dejando al país ante un debate crucial sobre el futuro de las pensiones en medio de tensiones presupuestales y jurídicas.
