El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó oficialmente una propuesta de nuevo régimen para el ensamblaje de vehículos electrificados, compuesto por el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (Inpimhel). La iniciativa, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a cargo de la ministra Diana Morales, busca consolidar a Colombia como un centro regional de producción de movilidad sostenible mediante incentivos arancelarios y cuotas de importación. El borrador de decreto, que actualmente se encuentra en etapa de comentarios públicos para 2024, ha generado reacciones divididas entre los principales gremios del sector automotor, como Aconauto, cuyo presidente ejecutivo Pedro Nel Quijano celebró la propuesta al afirmar que «todo aquello que traiga beneficios a la industria y al negocio automotor es de celebrar».
El nuevo régimen establece una cuota anual de hasta 20.000 unidades entre 2026 y 2027 para vehículos ensamblados bajo esquemas CKD o SKD, con aranceles preferenciales del 5% para la importación de vehículos electrificados y sus componentes, y un arancel 0% para la importación de maquinaria especializada. En el país circulan actualmente cerca de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos, concentrados principalmente en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. La propuesta incluye vehículos híbridos enchufables (PHEV), híbridos de autonomía extendida (E-REV), eléctricos de batería (BEV) e híbridos completos (FHEV), estos últimos considerados por el Gobierno como «tecnología de transición». Quedan excluidos los híbridos ligeros. La administración de los incentivos estará a cargo del Ministerio de Comercio con apoyo de la Dian, y no se permite acumular cupos de importación de un año a otro, una restricción que la Andi considera problemática porque «las inversiones automotrices suelen ejecutarse de forma gradual y estacional».
Reacciones y observaciones de los gremios
Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se presentaron 46 observaciones sobre 21 artículos del borrador. El gremio enfatizó que «las decisiones de inversión de las casas matrices automotrices dependen de un entorno jurídico robusto, estable y predecible», y señaló la necesidad de mayor claridad operativa y seguridad jurídica para atraer inversión extranjera. En la misma línea, Pedro Nel Quijano, de Aconauto, subrayó que «la seguridad jurídica será determinante para atraer inversión extranjera». Sin embargo, también surgieron críticas desde firmas especializadas: Paniagua & Tovar Abogados advirtió que «permitir que los híbridos completos accedan a los mismos beneficios podría reducir los cupos e incentivos destinados a tecnologías completamente eléctricas».
«Todo aquello que traiga beneficios a la industria y al negocio automotor es de celebrar»
Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto
Uno de los puntos más debatidos es la exigencia de contenido nacional. Bajo el esquema CKD vigente, se exige alrededor del 35% de integración de componentes nacionales, pero la meta para el esquema SKD es de apenas un 8% para 2030, limitado a componentes de baja tecnología. Esta cifra contrasta fuertemente con los niveles de integración alcanzados en otros países de la región: en México, Brasil y Argentina la integración de componentes nacionales oscila entre el 75% y el 85%. Los gremios consideran que la baja meta de contenido nacional y la ausencia de mecanismos claros para exportación podrían desincentivar la inversión a largo plazo. Además, señalan que falta incluir incentivos tributarios adicionales, más allá de los arancelarios, para hacer el régimen realmente competitivo.
El sector recuerda que políticas previas de proteccionismo y restricciones técnicas encarecieron los vehículos y limitaron la competitividad del mercado automotor colombiano. Por ello, la propuesta del Gobierno Petro es vista como un intento por transformar la matriz automotriz hacia la electrificación, pero su éxito dependerá de que se logre un equilibrio entre la atracción de inversiones, la integración de la industria nacional y la generación de condiciones estables que permitan a Colombia insertarse en las cadenas globales de producción de vehículos sostenibles. Los comentarios públicos al borrador continuarán recibiéndose durante 2024, mientras los gremios esperan que la versión final del decreto recoja las observaciones planteadas para garantizar que el régimen no solo sea atractivo, sino también viable y duradero.
