El Gobierno del presidente Gustavo Petro prepara un borrador de decreto que obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a reducir progresivamente sus inversiones en activos exteriores hasta un límite global del 30 por ciento, lo que implicaría la repatriación de cerca de 100 billones de pesos y ha desatado una fuerte controversia entre expertos por sus posibles impactos en la rentabilidad de los ahorros pensionales y el mercado cambiario colombiano. Esta medida busca alinear el ahorro de largo plazo con las necesidades estructurales de inversión en la economía nacional, redirigiendo los recursos hacia proyectos locales en medio de un debate sobre la autonomía de las AFP en el manejo del ahorro privado.
José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, junto con Jerome Sanabria, miembro del colectivo “Con mi ahorro no”, han alzado la voz contra la iniciativa, estimando que el monto a repatriar podría oscilar entre 100 y 120 billones de pesos según Restrepo, e incluso alcanzar los 210 billones en cinco años de acuerdo con Sanabria. El decreto eliminaría las diferencias entre fondos conservadores, moderados y de mayor riesgo al imponer un tope homogéneo del 30 por ciento en inversiones externas, lo que Restrepo califica como una limitación a la diversificación internacional de riesgos, esencial para maximizar rendimientos que representan hasta el 70 por ciento del saldo final de las pensiones.
Críticas por riesgos en rentabilidad y estabilidad económica
Restrepo advierte que obligar a traer de vuelta estos recursos privados no solo restringe la búsqueda de mejores rendimientos globales, afectando directamente a los ahorradores pensionales, sino que podría generar una apreciación ficticia del peso colombiano, ajena a mejoras estructurales y derivada de una mera decisión administrativa. Además, cuestiona el trasfondo de la medida, argumentando que en el fondo capturaría el ahorro pensional para financiar el endeudamiento del Gobierno nacional, alejándose del propósito original de estos fondos privados. Sanabria complementa esta visión al señalar que reducir las opciones de inversión en mercados internacionales y acciones impactaría seriamente un componente clave del ahorro, en un contexto donde faltan proyectos rentables locales en infraestructura, energía o vivienda.
“Cuando se obliga a traer recursos que pueden estar entre $100 y $120 billones, se limita la capacidad de los fondos para buscar mejores rendimientos globales y se afecta directamente al ahorrador pensional”
José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda
Posibles efectos en pensionados y el sistema financiero
Los expertos prevén consecuencias graves, como menores rendimientos para afiliados jóvenes, pensiones más bajas en el futuro, distorsiones en el mercado cambiario y un entorno regulatorio que podría llevar a la salida de algunas AFP del país. Al tratarse de un decreto, la medida es vulnerable a demandas judiciales y posible reversión en un próximo gobierno, lo que añade incertidumbre al manejo del ahorro de largo plazo en Colombia. Esta transformación de portafolios hacia esquemas más conservadores también reduciría los incentivos para que los trabajadores permanezcan en los fondos privados, intensificando el debate sobre la sostenibilidad del sistema pensional.
“Se puede generar una apreciación ficticia del peso, que no responde a mejoras estructurales de la economía, sino a una decisión administrativa”
José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda
En un panorama donde la diversificación internacional ha sido clave para mitigar riesgos locales, este borrador sin fecha específica pone en jaque la confianza en las AFP y subraya las tensiones entre políticas públicas y la gestión autónoma del ahorro privado, con el potencial de alterar el equilibrio financiero del país en los próximos años.
