El Gobierno de Gustavo Petro ha puesto en circulación un proyecto de decreto que propone un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, elevándolo de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos, con un anuncio oficial previsto para el 20 de diciembre. Esta medida también ajustaría automáticamente el salario integral a 22.761.765 pesos, calculado como 13 salarios mínimos que incluyen 10 bases más un 30% prestacional, impactando directamente en los sueldos de altos funcionarios públicos como los senadores, cuyos ingresos mensuales pasarían de 52 millones a 63.960.000 pesos, un incremento de 11.960.000 pesos adicionales cada mes.
El ajuste se aplica a remuneraciones integrales para cargos de confianza que superen los 10 salarios mínimos mensuales legalmente vigentes, generando un amplio debate sobre sus efectos en el sector público y privado en Colombia. En el caso de los senadores y otros altos funcionarios, las proyecciones indican que algunos podrían alcanzar ingresos anuales cercanos a los 274 millones de pesos como resultado de este cambio, redefiniendo la planeación financiera y las estrategias de recursos humanos para 2025 y 2026.
Expertos advierten sobre multimillonarios incrementos y desigualdad
Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, ha sido uno de los voces más críticas, señalando que todos los que ganan más dentro del Estado recibirán aumentos equivalentes a más de dos salarios mínimos adicionales cada mes. En sus declaraciones, Ortega enfatizó que la discusión del salario mínimo debe introducir algún cambio a la definición de salario integral, que equivale a 13 salarios mínimos, pues de lo contrario, quienes ganan más de 18 millones de pesos, senadores incluidos, tendrán aumentos multimillonarios que harán más desigual al país.
“Todos los que ganan más dentro del Estado van a recibir aumentos equivalentes a más de dos salarios mínimos adicionales cada mes”
Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian
“Algunos altos funcionarios podrían superar ingresos cercanos a los $274.000.000 al año como resultado del ajuste”
Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian
El salario integral comprende el salario ordinario más prestaciones como primas, cesantías e intereses, recargos y bonificaciones, con excepción de las vacaciones, y se aplica típicamente a cargos de confianza que excedan los 10 salarios mínimos. Aunque la ley autoriza pero no exige su uso para remuneraciones superiores a 13 salarios mínimos, en el sector público suele implementarse por contrato, mientras que en el privado podría implicar una transición a salario ordinario, con costos administrativos para las empresas.
Desafíos para el sector privado y posibles consecuencias económicas
Luis Carlos Reyes, también exdirector de la Dian, minimizó el impacto fiscal al precisar que el costo para el sector privado sería, en dado caso, el costo administrativo de pasar a quienes ganan salario integral a salario ordinario. Sin embargo, Juan Camilo Ramírez, periodista económico, alertó sobre riesgos mayores, argumentando que el salario mínimo integral subiría de 18.500.000 a más de 23.000.000 pesos, lo cual sería impagable para muchas empresas y traería dos consecuencias: o muchos profesionales de alto perfil desempleados o inflación aún más disparada.
“La discusión del salario mínimo tiene que introducir algún cambio a la definición de salario integral, que son 13 salario mínimos. Si suben el mínimo 23% a todos los que ganamos más de $18.000.000, senadores incluidos, tendrán aumentos multimillonarios que harán más desigual al país”
Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian
“El costo para el sector privado sería, en dado caso, el costo administrativo de pasar a quienes ganan salario integral a salario ordinario”
Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian
“El salario mínimo integral subirá de $18.500.000 a más de $23.000.000 será impagable para muchas empresas y esto trae dos consecuencias: o muchos profesionales de alto perfil desempleados o inflación aún más disparada”
Juan Camilo Ramírez, periodista económico
El proyecto, extraído de un artículo de prensa reciente, genera controversia por sus implicaciones fiscales en el Estado, los desafíos en la nómina empresarial y la contratación de ejecutivos, posicionándose como un tema central en la discusión económica nacional rumbo a 2026.
