El Gobierno de Gustavo Petro impulsa un proyecto de decreto que propone un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, elevándolo de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos mensuales, lo que automáticamente dispararía el umbral del salario integral a 22.761.765 pesos al mes, calculado sobre 13 salarios mínimos que incluyen una base de 17.509.050 pesos más 5.252.715 pesos en prestaciones. Esta medida, que entraría en vigencia el próximo año tras un anuncio previsto para el 20 de diciembre de 2025 en Colombia, afectaría directamente a altos funcionarios públicos como senadores y otros cargos de confianza cuyos ingresos superen los 10 salarios mínimos, modalidad que engloba salario ordinario, prestaciones sociales como primas, cesantías e intereses, recargos y bonificaciones, excluyendo vacaciones.
El ajuste no solo reconfiguraría las nóminas en el sector público, donde senadores verían sus emolumentos mensuales pasar de 52 millones a 63.960.000 pesos, un incremento de 11.960.000 pesos, sino que podría llevar a algunos altos funcionarios a ingresos anuales cercanos a los 274 millones de pesos. En el sector privado, el cambio implicaría costos administrativos para transitar de salario integral a ordinario en ejecutivos de alto perfil, alterando estrategias de recursos humanos y contratación para 2025 y 2026, con un impacto fiscal significativo en ambos ámbitos.
Expertos advierten sobre desigualdad y efectos económicos
Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, alertó sobre las consecuencias de esta propuesta, señalando que todos los que ganan más dentro del Estado recibirían aumentos equivalentes a más de dos salarios mínimos adicionales cada mes, y que algunos altos funcionarios podrían superar ingresos cercanos a los 274.000.000 pesos al año como resultado del ajuste. En su análisis, Ortega enfatizó que la discusión del salario mínimo debe introducir algún cambio a la definición de salario integral, que equivale a 13 salarios mínimos, pues de lo contrario, si suben el mínimo un 23% a todos los que ganan más de 18.000.000 pesos, senadores incluidos, tendrán aumentos multimillonarios que harán más desigual al país.
“Todos los que ganan más dentro del Estado van a recibir aumentos equivalentes a más de dos salarios mínimos adicionales cada mes”
Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN
Luis Carlos Reyes, también exdirector de la DIAN, minimizó el costo para el sector privado al indicar que sería, en dado caso, el costo administrativo de pasar a quienes ganan salario integral a salario ordinario, y aclaró que pueden serlo si así es el contrato, como suele ocurrir en el sector público donde altos funcionarios reciben primas y cesantías además del salario integral.
“el costo para el sector privado sería, en dado caso, el costo administrativo de pasar a quienes ganan salario integral a salario ordinario”
Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN
Por su parte, el periodista económico Juan Camilo Ramírez advirtió que el salario mínimo integral subiría de 18.500.000 a más de 23.000.000 pesos, lo que sería impagable para muchas empresas y traería dos consecuencias: o muchos profesionales de alto perfil desempleados o inflación aún más disparada. La ley autoriza el salario integral para ingresos sobre 13 salarios mínimos, pero no lo exige, dejando abierta la puerta a redefiniciones en un contexto donde el umbral para acordarlo parte de superiores a 10 salarios mínimos mensuales.
“El salario mínimo integral subirá de $18.500.000 a más de $23.000.000 será impagable para muchas empresas y esto trae dos consecuencias: o muchos profesionales de alto perfil desempleados o inflación aún más disparada”
Juan Camilo Ramírez, periodista económico
Este proyecto de decreto, basado en un artículo de noticias y declaraciones de expertos vía redes sociales, pone en el centro del debate la equidad salarial en Colombia, donde el impacto en cargos de confianza del Estado podría agravar percepciones de desigualdad mientras el sector privado evalúa ajustes para evitar sobrecostos.
