El presidente Gustavo Petro, a través del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, radicó el pasado 21 de julio en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca convertir el concepto de “salario vital” en un parámetro legal exigible para la fijación del salario mínimo en Colombia. La iniciativa, que hace parte de un paquete de nueve proyectos presentados al instalarse el nuevo legislativo, pretende desarrollar el artículo 53 de la Constitución de 1991 y reemplazar los criterios vigentes de la Ley 278 de 1996, que hasta ahora han basado el incremento anual en la inflación y la productividad. Este proyecto se radica en medio de la controversia que rodea el aumento del 23,7% decretado para 2026, el cual elevó el salario mínimo de 1.423.500 a 1.750.905 pesos, y que actualmente se encuentra bajo revisión judicial tras múltiples demandas que cuestionan su legalidad.
El incremento de 2026, que entró en vigor en enero pasado mediante los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, fue decretado unilateralmente por el Gobierno tras no alcanzarse un acuerdo en la mesa de concertación laboral. Dicho aumento fue suspendido provisionalmente en febrero por el Consejo de Estado, pero el Ejecutivo expidió un decreto transitorio con el mismo valor y, posteriormente, la Sección Segunda del alto tribunal revocó la suspensión, dejando vigente el incremento mientras se tramita la demanda de nulidad. Las demandas alegan que el decreto no justificó cómo se llegó al 23,7% partiendo de una inflación del 5,3% y una productividad acordada del 0,91%, mientras que el Gobierno se apoya en la Sentencia C-815 de 1999 para sostener que los criterios económicos no son un techo infranqueable. Según cifras del Dane, unos 2.400.000 trabajadores que ganan el salario mínimo se ven directamente afectados, mientras la informalidad laboral alcanza el 55,1% a abril de 2026.
Un legado para las próximas generaciones
El ministro Sanguino calificó la radicación como un hito histórico. “Durante más de 30 años los trabajadores esperaron que este mandato de la Constitución se hiciera realidad. Hoy el Gobierno del Cambio le cumple al país con una propuesta que pone la dignidad del trabajo en el centro del desarrollo, fortalece derechos y deja un legado para las próximas generaciones de colombianos”, declaró. Y agregó: “Comenzó una nueva era en la discusión del salario mínimo, referenciado ahora a la definición del salario vital”. El proyecto busca que el salario mínimo se fije con base en las necesidades básicas reflejadas en la canasta familiar, el costo de vida, la productividad y criterios constitucionales. El mismo ministro ha señalado que el peso del salario en la estructura de producción es marginal, apenas del 6%, y que la reforma laboral contempla estímulos para la formalización y el desarrollo de las mipymes.
Sin embargo, la iniciativa ha generado posturas encontradas. El exministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera advirtió que “el Gobierno busca legalizar de alguna manera lo que hizo en un decreto, en el sentido de hace un año, en el cual incorporó ese concepto de ‘salario vital’ al valor del salario mínimo”. Cabrera consideró que futuros aumentos por encima de la inflación y la productividad serán “nefastos para la economía”. Por otro lado, Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, aclaró que la reciente decisión judicial no resuelve el fondo del asunto: “Ninguno sobre el fondo. El tribunal no decidió si el aumento fue legal: decidió si mientras dura el juicio el decreto podía seguir aplicándose. Y respondió que sí”. Morad también alertó sobre la compresión de la relación entre salario mínimo y salario mediano, y señaló que “hoy nada lo impide ni lo autoriza. Lo que controla el juez no es el porcentaje, sino la justificación”.
“Es importante precisar el alcance real de la decisión: la Sección Segunda revocó la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025”
Laura Pérez, líder de Derecho Laboral y Seguridad Social, Scola Abogados
El futuro incierto de la negociación
La discusión del salario mínimo para 2027 estará a cargo del nuevo gobierno que asumirá el 7 de agosto de 2026, encabezado por Abelardo de la Espriella, lo que añade incertidumbre al proceso. Laura Pérez, líder de Derecho Laboral de Scola Abogados, explicó que el eje central del proyecto es “incorporar el ‘salario vital’ como criterio legal para la fijación del salario mínimo”. Pero si el proyecto no se convierte en ley antes de que termine el actual periodo legislativo, ni el gobierno saliente ni el entrante tendrían ese referente como obligatorio para la discusión del ciclo 2026-2027, según señaló el exministro Cabrera. Mientras tanto, la canasta básica para hogares de tres a cuatro personas, según el Ministerio del Trabajo, ronda los 3 millones de pesos, muy por encima del ingreso total de 2 millones que recibe un trabajador con salario mínimo y auxilio de transporte. El debate incluye también la desindexación de tarifas y servicios atados al salario mínimo —como multas de tránsito, cuotas de administración e impuestos— un proceso que avanza de manera separada pero que no cuenta con un inventario actualizado tras haber desligado más de 200 ítems.
