ElGobierno Nacional, a través de la bancada del Pacto Histórico y con el respaldo de otras fuerzas políticas, radicó este 21 de julio de 2026 en la Cámara de Representantes un nuevo proyecto de ley de reforma a la salud que consta de 90 artículos. La iniciativa, presentada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, junto a los congresistas Iván Cepeda, Diana Carolina Corcho, Wilson Arias, Isabel Zuleta y Aída Avella, propone la creación de un Fondo Único Público para centralizar los recursos del sistema y establece nuevas reglas para el funcionamiento de las EPS. El proyecto busca trasladar al Estado la gestión del riesgo financiero en salud y reorganizar la forma en que se pagan las facturas a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 60 congresistas, entre ellos 22 senadores y 38 representantes a la Cámara, que sumaron sus firmas para darle trámite legislativo. Aunque se trata de una propuesta impulsada por la bancada del gobierno saliente, fue presentada al arranque del nuevo periodo del Congreso que va de 2026 a 2030, lo que marca un escenario de transición política. Además del Pacto Histórico, el proyecto recibió apoyos de la Alianza Verde, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, y una curul especial de comunidades afrocolombianas.
Plazos estrictos y mecanismos de transparencia
Uno de los ejes centrales de la reforma es la agilización de los pagos a los prestadores de servicios de salud. El texto establece que los hospitales, clínicas y demás proveedores deberán presentar sus facturas dentro de los ocho días siguientes a la atención realizada. A partir de ahí, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) deberá girar al menos el 85% del valor de la cuenta en un plazo máximo de 30 días calendario. La auditoría posterior de esas cuentas quedará a cargo de la Gestora de Salud y Vida correspondiente y deberá completarse en un máximo de 60 días. Si la auditoría no se realiza en ese lapso, la cuenta se entenderá como aprobada automáticamente.
La reforma también incorpora herramientas tecnológicas para combatir la opacidad y la corrupción. El proyecto exige que en un plazo de 12 meses se implemente un sistema de trazabilidad basado en cadena de bloques (blockchain) para todo el flujo financiero del sistema de salud. Ese mecanismo permitirá seguir en tiempo real cada peso que se mueve desde la Adres hasta los prestadores, garantizando mayor transparencia. Además, se propone la creación de un sistema público interoperable que integre datos administrativos, asistenciales y financieros, eliminando la fragmentación actual.
Otro cambio profundo que plantea el articulado es la eliminación de la integración vertical, es decir, que las EPS ya no podrán ser dueñas de clínicas, hospitales o laboratorios. La idea es que los recursos del sistema no sean administrados directamente por las aseguradoras, sino que el giro se haga de manera directa a los prestadores, con la Adres como ente central. Con esta reforma, el Gobierno busca fortalecer el papel del Estado en la gestión financiera de la salud y avanzar hacia un modelo más equitativo y eficiente, en el que los recursos lleguen sin intermediación a quienes prestan los servicios.
