El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio del Trabajo que dirige Antonio Sanguino, radicó el pasado 28 de julio de 2026 ante el Congreso de la República tres proyectos de ley que buscan reformar el régimen de supervisión del subsidio familiar y ratificar dos importantes convenios internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las iniciativas fueron presentadas de manera formal en el legislativo y son el resultado de un proceso de diálogo social que incluyó a la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Fedecajas), la Superintendencia del Subsidio Familiar y los equipos técnicos del Ministerio del Trabajo. Según explicó el ministro Sanguino, los proyectos buscan cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-298 de 2025, que declaró inexequibles las facultades sancionatorias del superintendente del Subsidio Familiar, y también avanzar en los compromisos internacionales adquiridos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El primero de los proyectos establece un nuevo régimen de supervisión para el subsidio familiar, con el objetivo de cerrar el vacío legal que dejó el fallo de la Corte. La sentencia, emitida en 2025, consideró que las facultades de intervención, sanción y medidas cautelares del superintendente violaban los principios de reserva de ley, legalidad y debido proceso. La nueva propuesta, que fue concertada con Asocajas y Fedecajas, pretende dotar al Estado de herramientas claras para vigilar el correcto uso de los recursos de las cajas de compensación, garantizando al mismo tiempo la seguridad jurídica de las entidades y los derechos de los trabajadores.
Las otras dos iniciativas buscan alinear a Colombia con estándares internacionales. Una de ellas propone la ratificación del Convenio sobre Trabajo Marítimo (MLC, 2006), un tratado de la OIT que establece condiciones laborales mínimas para los trabajadores del sector marítimo y portuario, lo que fortalecería la competitividad de esa industria en el país. La tercera busca ratificar el Convenio 187 de la OIT, un instrumento fundamental para promover una cultura nacional de prevención en seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de reducir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.
«Son el resultado del trabajo conjunto entre equipos técnicos, entidades del Estado, organizaciones gremiales y expertos que, a través del diálogo social y el consenso, construyeron soluciones para fortalecer la protección de las y los trabajadores»
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
«Hoy damos un paso firme para cerrar vacíos históricos, brindar mayor seguridad jurídica y seguir consolidando un país donde el trabajo digno sea una garantía y no un privilegio»
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Las tres iniciativas, que fueron construidas tras meses de trabajo técnico y jurídico liderado por la cartera laboral, ahora pasan a debate en el Congreso de la República, donde deberán surtir su trámite legislativo para convertirse en ley. El Gobierno espera que, con estas reformas, se fortalezca la protección de los trabajadores colombianos y se cierren brechas históricas en materia de supervisión y derechos laborales.
