El gobierno del presidente Gustavo Petro realizó una venta directa de títulos de tesorería (TES) por 6.000 millones de dólares a la gestora estadounidense Pimco el 19 de diciembre de 2025, sin subasta pública ni anuncio previo, lo que desató una fuerte polémica por la aparente falta de transparencia en la operación de deuda pública colombiana. La transacción, equivalente a 23 billones de pesos, fue liderada por Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda desde el 3 de abril de 2025, y se formalizó en un contexto de necesidad de fortalecer la liquidez ante la volatilidad electoral prevista para las elecciones presidenciales de 2026.
La operación se apartó de los mecanismos habituales de subastas, reservando detalles como el monto total, el comprador y las condiciones específicas. Según fuentes oficiales, se consultó previamente al creador de mercado local y se evaluaron propuestas de varios fondos internacionales antes de seleccionar a Pimco. De los 6.000 millones de dólares, 1.000 millones ya fueron monetizados en el mercado local el 23 de diciembre, mientras que 930 millones se destinaron a liquidar derivados previos, con tasas iniciales 75 puntos base por encima de la valoración de mercado para ese flujo. La mayor parte de los fondos restantes se convertirá gradualmente, pero de manera acelerada, en moneda local.
Críticas por opacidad y retroceso en transparencia
La decisión generó duras críticas de economistas y exfuncionarios, quienes la calificaron como un retroceso de 25 años en la transparencia del mercado de capitales colombiano. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, cuestionó la entrega de 23 billones de pesos a un inversionista privado sin revelar tasas ni identidad, en un mercado que tradicionalmente opera con subastas abiertas donde todos los inversionistas reciben la misma información simultáneamente. Por su parte, Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo, advirtió que esta opacidad alimenta percepciones de estrés fiscal y podría encarecer el financiamiento estatal, argumentando que la urgencia no justifica abandonar las subastas que garantizan igualdad de condiciones y precios transparentes.
«Teníamos un mercado de capitales transparente, profundo, donde se sabe a qué plazos, a qué tasa se colocan los montos. Aquí, a un inversionista privado, sin decirnos nada sobre las tasas, sin decirnos ni siquiera quién es, le entregan $23 billones».
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda
«Esa opacidad, además, alimenta la percepción de estrés fiscal y puede terminar encareciendo el financiamiento del Estado en su conjunto. La urgencia fiscal no puede justificar el abandono del mecanismo de subastas que garantiza igualdad de condiciones y formación transparente de precios».
Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo
Respuesta oficial y acciones de control
Javier Cuéllar defendió la operación destacando el riesgo de liquidez como la mayor preocupación en este momento previo a la volatilidad electoral, donde el desenlace dependerá de los candidatos en la segunda vuelta de 2026. Admitió que nunca se reveló a nadie el monto exacto de 6.000 millones de dólares. Pimco se comprometió a una estrategia de buy and hold, aunque no de forma contractual. Ante la controversia, la Contraloría General de la República abrió un proceso de control fiscal para revisar la transacción, que algunos analistas ven como señal de un problema fiscal mayúsculo en el horizonte.
Esta colocación privada, calificada por críticos como un desastre por su magnitud y secretismo, pone en el centro del debate la gestión de la deuda pública en un año preelectoral cargado de incertidumbres económicas.
