El Ministerio de Hacienda, liderado por el ministro Miguel Gómez Martínez, solicitó formalmente a la Corte Constitucional la apertura de un incidente de impacto fiscal para evaluar los efectos económicos de la Sentencia C-264 de 2026. La petición, presentada el 22 de septiembre de 2026 ante la magistrada ponente Paola Andrea Meneses Mosquera, invoca el artículo 334 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 3 de 2011, con el objetivo de examinar las consecuencias fiscales de la decisión judicial que activa la reforma pensional a partir del 1 de abril de 2027. El Gobierno considera que los efectos de esta providencia podrían generar riesgos significativos para las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal del Estado.
La Sentencia C-264 de 2026, que pone en marcha la reforma pensional, es el centro de esta controversia. A través de este mecanismo jurídico, el Ejecutivo busca modular, modificar o diferir los efectos económicos del fallo sin reabrir la discusión jurídica del mismo. La solicitud, dirigida a la Sala Plena de la Corte, no implica una suspensión automática de la providencia, sino que expone las consecuencias económicas para que el alto tribunal evalúe si abre el incidente y define el trámite a seguir.
El mecanismo del incidente de impacto fiscal
El Incidente de Impacto Fiscal es una herramienta constitucional que permite a las autoridades exponer ante las altas cortes las consecuencias de las decisiones judiciales sobre la sostenibilidad fiscal del Estado. En este caso, el ministro Gómez Martínez presentó un documento formal ante la magistrada Meneses Mosquera, argumentando que la implementación de la reforma pensional, tal como fue ordenada por la Sentencia C-264 de 2026, podría desestabilizar las cuentas públicas si no se consideran los efectos económicos en el corto y mediano plazo. La fecha del 1 de abril de 2027 para la entrada en vigor de la reforma se mantiene vigente mientras la Corte Constitucional define el curso de la petición.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha respaldado la iniciativa del Ministerio de Hacienda, subrayando la necesidad de garantizar la estabilidad fiscal sin afectar los derechos adquiridos de los ciudadanos. La Corte Constitucional, bajo la ponencia de la magistrada Meneses Mosquera, deberá decidir si admite la solicitud y abre el incidente, lo que podría implicar un análisis detallado de las proyecciones económicas y un eventual ajuste en los plazos o condiciones de implementación del fallo. Mientras tanto, el país espera el pronunciamiento del alto tribunal, que definirá el futuro de la reforma pensional y su impacto en las finanzas del Estado.
