El Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, en conjunto con el Ministerio de Trabajo liderado por Antonio Sanguino, solicitó formalmente a la Superintendencia Financiera, cuyo titular es César Ferrari, que revise las inconsistencias detectadas en los traslados pensionales entre los fondos privados administradores de pensiones (AFP) y Colpensiones. La petición, realizada mediante una carta oficial dirigida al superintendente, busca que se adopten de manera expedita medidas preventivas y correctivas para garantizar la consistencia, confiabilidad y adecuada verificación de la información reportada por algunas AFP sobre los afiliados y los recursos transferidos al régimen público. La acción se enmarca en medio de los debates nacionales sobre la reforma pensional impulsada por el Gobierno y ante la incertidumbre generada por las diferencias en los datos suministrados, que ponen en riesgo la integridad de los ahorros de los ciudadanos.
Según fuentes oficiales, aproximadamente 132.000 afiliados y pensionados se verían afectados por los traslados entre el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), operado por las AFP, y el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones. Aunque no se ha precisado el monto total de los recursos trasladados, la cartera de Hacienda advirtió sobre un posible riesgo financiero derivado de la falta de correspondencia entre la información reportada por las entidades privadas y los movimientos reales. La Superintendencia Financiera, que tiene facultades de supervisión sobre el sistema pensional, deberá verificar que los recursos transferidos sean suficientes y correspondan plenamente a cada afiliado, protegiendo así los ahorros pensionales y garantizando la transparencia en la administración de los fondos.
Solicitud de medidas urgentes ante inconsistencias
La comunicación firmada por los ministros Ávila y Sanguino expresa la preocupación del Gobierno por la confiabilidad de los datos que manejan las AFP en el proceso de traslados de régimen, una figura contemplada en la Ley 100 de 1993 que permite a los afiliados moverse entre el sistema público y los fondos privados. En los últimos años, miles de personas han solicitado cambios de régimen, ya sea por decisiones personales, asesorías financieras o fallos judiciales, lo que ha incrementado el volumen de operaciones y, según las autoridades, ha evidenciado inconsistencias en la información que algunas administradoras reportan. La revisión ordenada busca que la Superintendencia Financiera actúe con celeridad para corregir cualquier desviación y evitar que se afecten los derechos de los afiliados.
«Solicitamos se sirva adoptar de manera expedita las medidas preventivas y correctivas que resulten pertinentes para garantizar la consistencia, confiabilidad y adecuada verificación de la información reportada»
Germán Ávila (ministro de Hacienda) y Antonio Sanguino (ministro de Trabajo) en comunicación oficial a la Superintendencia Financiera
El llamado del Ejecutivo se produce en un contexto de intenso debate sobre el sistema pensional colombiano y la actual reforma que promueve el Gobierno para modificar las reglas de acceso y sostenibilidad de las pensiones. La cartera de Hacienda advierte que las diferencias en la información suministrada por las AFP no solo generan incertidumbre sobre la confiabilidad de los datos, sino que también podrían traducirse en un riesgo financiero para los recursos que deben estar íntegramente disponibles para los futuros jubilados. Con esta solicitud, el Ministerio busca que la Superintendencia Financiera ejerza su rol de vigilancia para que los traslados se realicen con total transparencia y se protejan los ahorros pensionales de los colombianos que han optado por cambiar de régimen.
