El Gobierno Nacional, por orden del presidente Abelardo de la Espriella, implementará un plan de cinco frentes para frenar la extorsión que se gesta desde las cárceles del país. La estrategia, dada a conocer por el vocero presidencial Miller Soto, incluye bloqueo de señal, control estricto al ingreso de celulares y mesas semanales de seguimiento con los operadores de telefonía, en una articulación que compromete al Ministerio TIC, el Ministerio de Justicia, el Inpec, el Gaula y las empresas del sector. «Mientras un preso cobre vacunas, arme un atentado o mande un WhatsApp desde el patio, la condena es una farsa», advirtió Soto al presentar el programa oficial.
El plan se apoya en el decreto 851 de 2024, que faculta al Inpec para solicitar a las telefónicas el bloqueo del IMEI de los equipos y del IMSI de las tarjetas SIM, así como para identificar la red y la aplicación desde la cual se origina la actividad delictiva. La ministra TIC, Alexandra Falla, quien presentó el asunto ante la Comisión Segunda de la Cámara, explicó que se revisarán los protocolos para evitar que las solicitudes queden detenidas en trámites administrativos y que se harán mediciones para que las restricciones de señal no afecten a los barrios vecinos de los centros penitenciarios. En ese punto, la ministra ilustró el fenómeno con una imagen contundente sobre el uso de celulares ilegales: «Prende cuando llega la visita y se muere cuando se va», citó el vocero presidencial.
«El patio no es el que manda. Manda la ley».
Miller Soto, vocero de Presidencia
Dentro de los cinco frentes de acción se contempla, además del bloqueo de IMEI e IMSI, el despliegue de pilotos de bloqueo de señal, controles al ingreso de móviles, requisas permanentes y vigilancia de las fuentes de energía que se utilizan para recargar los dispositivos dentro de las celdas. El ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo reuniones con los operadores Claro, WOM y Tigo, y se acordó una mesa semanal de seguimiento. El plan incluye un tratamiento diferenciado para WhatsApp, distinto al de las llamadas convencionales, y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) deberá dificultar el envío masivo de mensajes usados para exigir pagos extorsivos. «Más que antenas, requisas, energías, hasta el bombillo con el que recargan el celular», resumió Soto la postura del ministro Cancino. Cuando se registren tres denuncias contra un mismo número, se activará un circuito de respuesta inmediata, y las líneas habilitadas para reportar estos delitos son la Policía 165 y el Ejército 147.
Gobernación del Magdalena anuncia apertura de centro carcelario paralizado por más de seis años
En un frente distinto de la política penitenciaria, la Gobernación del Magdalena confirmó la pronta apertura de un centro carcelario que permaneció paralizado durante más de seis años, luego de que el Gobierno nacional garantizara los recursos para terminar la obra. La gobernadora Margarita Guerra, acompañada del viceministro Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados, inspeccionó el estado de las instalaciones y acordó con el Gobierno nacional el cierre financiero que permitirá encaminar la entrada en funcionamiento del centro, cuya comunidad esperó por más de medio década.
«Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del centro penitenciario».
Margarita Guerra, gobernadora del Magdalena
Durante el recorrido, que incluyó edificios de reclusión y áreas de circulación que aún requieren trabajos antes de recibir a personas privadas de la libertad, no se precisaron detalles como el municipio donde se ubica la infraestructura, el nivel de seguridad, el modelo de administración, la fecha de llegada de internos ni la entidad que asumirá la operación. La gobernadora indicó que esos aspectos serán comunicados cuando se anuncie oficialmente la inauguración, una vez se ultimen los detalles pendientes de la obra.
