El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Rodrigo Lara y en el marco del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, publicó un proyecto de decreto de 24 artículos que busca actualizar la regulación del derecho a la protesta social en Colombia. Este borrador, que modifica el decreto 003 de 2021, establece nuevos criterios para la intervención policial, priorizando el diálogo como mecanismo principal, aunque permitiendo acciones individuales contra actos violentos. La iniciativa surge semanas después de que el presidente afirmara que no toleraría desmanes en universidades públicas y en un contexto de incremento significativo de las movilizaciones en todo el país.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, los eventos de protesta y conflicto manifiesto pasaron de 1.427 en 2022 a 4.039 en lo que va de 2025, con un aumento especialmente pronunciado en los últimos años. De hecho, entre 2024 y 2025 se registró un incremento del 121% en las protestas de usuarios del sistema de salud, al pasar de 107 a 236 eventos. Estas movilizaciones han afectado a 536 municipios de los 32 departamentos más Bogotá, concentrándose principalmente en las regiones Caribe (31%), Andina (30%) y Pacífica (14%), mientras que en el 41% de los casos se reportaron bloqueos o cortes de ruta.
Los puntos clave del nuevo borrador
El proyecto de decreto fue elaborado porque el decreto 003 de 2021 no resolvía aspectos fundamentales vinculados con la continuidad de servicios esenciales y el abastecimiento durante los bloqueos, ni definía con claridad la autoridad competente ni los plazos de actuación. La nueva propuesta establece que la Policía puede usar la fuerza sin demoras injustificadas ante situaciones como porte de armas, retención ilegal, agresiones a civiles, servidores públicos, o misiones médicas y periodísticas. No obstante, el diálogo y la mediación seguirán siendo mecanismos prioritarios, aunque no condicionarán las intervenciones individuales contra quienes ejecuten actos violentos.
El texto normativo detalla que los gestores de convivencia y los equipos de diálogo mantendrán comunicación durante toda la movilización, y su despliegue se considerará cumplido incluso si la fuerza actúa contra violentos. Asimismo, la mediación puede reanudarse incluso después de haber empleado la fuerza, siempre que las acciones violentas hayan cesado y se adopten medidas para garantizar los derechos de quienes manifiestan pacíficamente y de quienes no participan en la manifestación.
«El diálogo y la mediación podrán retomarse inclusive después de haberse empleado la fuerza, siempre que las acciones violentas hayan cesado y se adopten medidas orientadas a garantizar los derechos de quienes manifiestan pacíficamente y de quienes no participan en la manifestación».
Artículo del proyecto de decreto, Ministerio del Interior
Las autoridades deberán actuar para prevenir, contener y detener delitos o actos de violencia, proteger vidas, preservar bienes y restablecer la seguridad. Este proyecto de decreto, que ahora deberá surtir el proceso de consulta y revisión, busca equilibrar el derecho fundamental a la protesta con la necesidad de garantizar el orden público y la prestación ininterrumpida de servicios esenciales en todo el territorio nacional.
