El Gobierno nacional de Colombia expidió este jueves 17 de marzo de 2026 el Decreto 0268 de 2026, mediante el cual se prohíbe la estabilización de precios del Fondo Especial de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) para los combustibles líquidos derivados del petróleo que se utilicen como materia prima en la producción de otros combustibles o en quemadores industriales. La medida, impulsada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, adiciona el Decreto 1073 de 2015 y busca corregir distorsiones en el mercado ante el drástico aumento en el consumo de diésel subsidiado por parte de sectores industriales.
El consumo mensual de diésel en quemadores industriales pasó de 806.000 galones en 2023 a más de 8.200.000 galones en 2024, alcanzando los 7.870.000 galones solo en abril de 2025, lo que generó un impacto fiscal en el Fepc de 131.000 millones de pesos entre enero y abril de este año. Con un precio promedio nacional por galón de diésel de 10.984 pesos, el Gobierno argumenta que esta situación presiona los recursos públicos destinados originalmente a estabilizar los precios para los consumidores finales, por lo que la prohibición focaliza el uso del fondo en sus objetivos primordiales y fortalece su sostenibilidad fiscal.
Medida para evitar subsidios indirectos y optimizar recursos
La decisión responde a la necesidad de un ajuste fiscal que optimice la asignación de recursos del Fepc bajo principios de progresividad y eficiencia, alineándose con el artículo 334 de la Constitución Política. De esta forma, se cierra el paso a incentivos perversos que subsidian indirectamente a ciertos actores del mercado, promoviendo un uso más eficiente de los dineros públicos. No obstante, se establecen excepciones para combustibles empleados en la producción de gasolina oxigenada con etanol anhidro, diésel y mezclas con biocombustibles o combustibles renovables, mientras que los precios de estos combustibles como materia prima se fijarán libremente entre los agentes del mercado.
“Estamos tomando decisiones responsables para proteger los recursos públicos. El Fepc debe servir para estabilizar el precio de los combustibles que usan los colombianos, no para subsidiar procesos industriales que no trasladan ese beneficio al consumidor final”.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
“Con este decreto cerramos espacios a incentivos perversos que podían generar subsidios indirectos a ciertos actores del mercado. La política energética debe ser eficiente, progresiva y coherente con la sostenibilidad fiscal del país”.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
El Ministerio de Minas y Energía tiene un plazo de dos meses para definir los lineamientos de implementación, así como los mecanismos de reportes, control y vigilancia de la norma, asegurando que la política energética sea coherente con los retos fiscales del país y beneficie directamente a los consumidores finales.
