La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia arrancó este lunes 1 de diciembre de 2025 con propuestas marcadamente divergentes entre las partes involucradas en la mesa tripartita. El Gobierno de Gustavo Petro planteó un aumento del 11 por ciento, que elevaría el salario base de 1.423.500 pesos actuales, sin auxilio de transporte, a 1.580.085 pesos, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) exige al menos ese porcentaje. En contraste, los gremios empresariales y el centro de pensamiento Fedesarrollo proponen incrementos más moderados entre el 6 y el 7 por ciento, en un contexto donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre se publicará el 6 de diciembre y el acuerdo debe cerrarse antes del 15 de diciembre, con posible decreto gubernamental previo al 30 de diciembre.
Esta discusión salarial, que considera la inflación anual de octubre 2025 en 5,51 por ciento y un crecimiento de la productividad total de los factores del 0,91 por ciento, reúne al Gobierno nacional, la CUT, los gremios empresariales como Acopi y analistas como el contador público y coach Ángel Gerardo Escobar. Si no hay consenso en la mesa de concertación, se activará una fase extraordinaria que culminaría en un decreto presidencial. María Elena Ospina, presidenta ejecutiva nacional de Acopi, enfatizó la importancia de lograr un pacto tripartito, aunque admitió que el piso de dos dígitos propuesto por el Gobierno complica el diálogo.
Posiciones encontradas y cifras que marcan la pauta
El salario mínimo actual de 1.423.500 pesos beneficia directamente a 3,7 millones de trabajadores, según la CUT, en un mercado laboral donde la informalidad supera el 50 por ciento. Para ilustrar la estructura, por cada diez personas, una está desempleado, seis son independientes —una gana por encima del mínimo, otra igual al mínimo y cuatro por debajo en la informalidad— y tres son formales, con uno en el mínimo, 1,5 entre uno y cinco salarios mínimos y medio por encima de cinco. Las cotizaciones a salud y pensión representan alrededor de 406.000 pesos mensuales, un peso significativo para las pymes, que constituyen el 98 por ciento de las empresas activas en el país.
“haber colocado ya el Gobierno un piso de dos dígitos complica un poco la negociación”
María Elena Ospina, presidenta ejecutiva nacional de Acopi
Alertas sobre impactos en subsidios y economía familiar
Expertos como Escobar, en su análisis para el pódcast “Lo que no son cuentos son cuentas” basado en datos del Dane, advierten que un alza pronunciada podría afectar la cobertura del Sisbén IV, sistema que clasifica hogares en grupos A, B, C y D por ingresos y vulnerabilidad —con subgrupos como A1 o B7, donde números menores indican menor capacidad económica—. Requisitos como vivir en hogar particular y tener documentos vigentes aplican incluso a extranjeros regularizados. De cada diez personas, cinco por debajo del mínimo o desempleado dependen de este subsidio para salud; un aumento elevaría los topes de Vivienda de Interés Social (VIS) 2025 hasta 150 salarios mínimos —213.525.000 pesos— en ciudades de más de un millón de habitantes y 135 salarios mínimos —192.172.500 pesos— en el resto, alejando el acceso para muchos.
“Al subir el salario en dos dígitos eso implica que también suben los costos de absolutamente todos los productos de la canasta familiar”
María Elena Ospina, presidenta ejecutiva nacional de Acopi
Ospina también señaló que el aumento real del salario no sería tan representativo, pues los mayores costos lo contrarrestarían, perjudicando a los empleados. En el mediano y largo plazo, las empresas ajustarían nóminas, las asambleas residenciales elevarían cuotas de administración y las pymes enfrentarían vulnerabilidades ante incrementos en costos laborales, en un panorama donde la negociación anual siempre pondera IPC, inflación y productividad, según fuentes como Infobae, La FM, Dane y análisis de Fedesarrollo.
“Lo que se espera es que realmente lleguemos a un acuerdo en este tema tripartito sobre el salario mínimo”
María Elena Ospina, presidenta ejecutiva nacional de Acopi
El desenlace de esta mesa definirá no solo el poder adquisitivo de millones, sino la estabilidad económica en un país donde el equilibrio entre protección social y competitividad empresarial es clave.
