En una jugada que podría redefinir el panorama laboral en Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, propuso subir el salario mínimo a 1.800.000 pesos para 2026 e incorporar el concepto de salario vital y móvil, un criterio que ajusta el ingreso a la inflación y a la productividad. La iniciativa fue presentada como parte de un esfuerzo por recuperar poder adquisitivo, reducir la desigualdad y dinamizar la economía, y ha generado reacciones entre actores sociales y económicos, con la CUT expresando alegría por la medida y la intención de avanzar de inmediato en la negociación formal que se abrirá el 1 de diciembre ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conforme a la Ley 278 de 1996.
Entre los actores que se pronunciaron destacan Fabio Arias, presidente de la CUT, quien celebró la propuesta y calificó el plan como un avance histórico para los trabajadores. Arias insistió en que un salario de 1.800.000 para 2026 representa un incremento significativo para quienes ganan el mínimo y recordó que, en el marco de la gestión actual, el salario mínimo ha mostrado un alza notable: 43,5% en tres años. En su visión, no se destruyó empleo, sino que al contrario aumentó el consumo de los hogares y se dinamizó la economía. Por su parte, Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, explicó que para fijar el mínimo se deben considerar parámetros como la inflación, la productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional, junto con el crecimiento del PIB y el IPC del año que concluye, elementos articulados con la nueva propuesta de salario vital y móvil. Jaime Cabal, presidente de Fenalco, señaló que hay quienes reaccionan con recelo ante aumentos de este tamaño, calificando de “muy tacaños” a quienes se escandalizan ante la posibilidad de reconocer ingresos dignos a los trabajadores, mientras advertía sobre la necesidad de equilibrar el costo para las empresas.
La ruta formal hacia 2026 y las reglas del juego
La propuesta llega en un marco institucional claro: el proceso de negociación se exerpara por la Ley 278 de 1996, que encomienda a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales la construcción de acuerdos entre el Gobierno, las centrales de trabajadores y las asociaciones empresariales. La mesa de concertación deberá instalarse el 1 de diciembre y, durante la negociación, se contemplarán cifras relevantes como el PIB, la situación del mercado laboral y las cuentas nacionales. En paralelo, se espera la presentación de datos del Dane sobre el PIB y otras variables para sustentar la discusión y definir los nuevos criterios que regirán el salario mínimo de 2026, incluido el marco del salario vital y móvil.
«Eso es música celestial para los trabajadores» – Fabio Arias, presidente de la CUT
A nivel de cifras y contexto económico, el plan contempla un crecimiento del salario mínimo en el periodo reciente de la administración actual de 43,5% en tres años, y un incremento de 9,54% para 2025, mientras que la inflación de referencia para septiembre fue de 5,18% según el Dane. Fenalco estima que el salto a 1.800.000 para 2026 implicaría un aumento de 26,44% respecto al salario actual, lo que pone sobre la mesa un debate intenso sobre la capacidad de absorción del sector empresarial sin generar desequilibrios. En ese sentido, la incorporación del salario vital y móvil añade un marco dinámico que ajusta el ingreso a la inflación y la productividad, con la expectativa de que esa combinación reduzca la pobreza extrema y la brecha de desigualdad, a la vez que impulse la demanda interna sin perder la competitividad.
El Gobierno destaca que la negociación formal, a partir del 1 de diciembre, se desarrollará con criterios explícitos como la inflación objetivo para el año siguiente, la productividad, la aportación de los salarios al ingreso nacional, así como el incremento del PIB y el IPC del año que termina, criterios señalados por Antonio Sanguino para justificar la línea de la discusión. Aunque se reconoce que la propuesta podría generar presiones inflacionarias si no se acompaña de políticas macroeconómicas coordinadas, se mantiene la expectativa de que el conjunto de medidas contribuya a remontar el poder adquisitivo y a dinamizar el mercado interno, con la fecha límite para acuerdos y ajustes que normalmente se busca hacia finales de 2025 para fijar el salario mínimo de 2026.
